Fajín ministerial que supera toda discrepancia

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Por: Francisco Chirinos Soto

 

Que un ciudadano, dentro del marco del respeto al derecho constitucional de libertad de expresión, utilice un moderno medio de comunicación social para dejar constancia de sus graves reparos al gobierno, con calificativos subidos de tono y hasta agraviantes, es un hecho perfectamente posible. Tal es lo que ha ocurrido con don Javier Barreda quien describió al régimen como inmoral y corrupto. Lo que es sorprendente, aunque también posible, es que ese mismo ciudadano se convierta pocos días después en ministro del propio gobierno al que acababa de denostar. Pero así ha sucedido. Don Javier es ahora miembro del Consejo de Ministros y luce muy orondo el fajín ministerial.

El que una persona tenga que tragarse literalmente sus propias palabras constituye un ejercicio gastronómico nada placentero o satisfactorio. Es posible que ni la Presidenta del Consejo de Ministros quien propuso la designación del ministro, ni el Presidente de la República, quien aceptó tal propuesta y expidió el nombramiento, hayan conocido el líbelo infamatorio antes de la incorporación de Barreda al gabinete, aunque me parece del todo difícil que algún asesor integrante de esa pléyade de burócratas que rodean a los altos dignatarios no se hubiera enterado y hecho conocer oportunamente. Lo cierto es que Barreda es ya ministro, con sus agresivos vocablos ya perfectamente digeridos.

Hay una circunstancia adicional que aporta un elemento que debe apreciarse y comentarse en este episodio. El señor Barreda era militante del Partido Aprista y la dirigencia de éste había dispuesto que ninguno de sus miembros podía formar parte del gabinete recompuesto. Barreda desacató la advertencia y aceptó el nombramiento. El partido, ante un flagrante desacato, optó por la expulsión y actuó de esa manera conforme a su derecho y a sus atribuciones estatutarias. Bien expulsado. No es verdad que tenía que ser sometido al “debido proceso”, como sostiene el doctor Jorge del Castillo. Frente al suceso flagrante, no cabía otra respuesta. Podrá quizás Barreda ejercitar su defensa y pedir la anulación de la medida. He ahí el reclamado debido proceso. Pero la instantánea reacción de la dirigencia aprista era del todo justificada.

El episodio me recuerda a lo que ocurrió en 1980, a los pocos días de la iniciación del segundo gobierno de don Fernando Belaúnde, quien acababa de promulgar, el 28 de julio, la Constitución de 1979. En ella se deslizó un vacío, porque no se previó cómo sería designado el primer Fiscal de la Nación el cual, a su vez, debía organizar la junta de fiscales supremos. Había un problema del huevo y la gallina. El Fiscal de la Nación debía ser designado por la junta de fiscales supremos, pero para que ésta exista, era menester que estuviera ya nombrado el Fiscal de la Nación. Entonces Belaúnde, debidamente aconsejado por su ministro de justicia, expidió un decreto supremo estableciendo que por única vez el Ejecutivo cubriría el vacío constitucional y designaría al Fiscal de la Nación. Tremendo alboroto. El Decano del Colegio de Abogados de Lima suscribió un severísimo comunicado, acusando al Gobierno de estar violando la Constitución de la República. Entonces, don Fernando Belaúnde, con ese finísimo olfato político que siempre acusó en su comportamiento público, no encontró mejor solución que nombrar como Fiscal de la Nación al furibundo Decano del Colegio de Abogados de Lima. Y todo se arregló. También el Decano del Colegio de Abogados tuvo que tragarse sus palabras, esta vez impresas en papel periódico y con tinta de imprenta. Pero lo hizo y de esa manera se ciñó la cinta de Fiscal de la Nación, que la lució muy complacido a lo largo de varios años. Y como era un jurista competente y honorable, cumplió una buena gestión a la cabeza del Ministerio Público.

En el vacío constitucional tuve alguna responsabilidad, puesto que yo presidí la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente. Y me descuidé, como todos nos descuidamos, de colocar una disposición transitoria que permitiera la designación del  primer Fiscal de la Nación. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.