Nuevas pensiones sí se pagan este mes

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La verdad detrás de la demanda presentada por PPk ante TC

 

Revelan fecha exacta de cobro y modalidad de pago

Las nuevas pensiones que percibirán los retirados de las Fuerzas Armadas y PNP, al amparo de la Ley de Equivalencia, sí se pagarán este mes, revelaron fuentes de los ministerios de Defensa y Economía.

Ello a pesar de que el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, presentó el 30 de enero una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional (TC), por la citada norma.

Las mismas fuentes señalaron que si bien, se ha presentado dicho recurso ante el TC, en tanto no se resuelva, el gobierno cumplirá con la Ley y por ende abonará todos los meses el pago pensionario nivelado.

Indicaron que se prevé que el 21 de febrero se abone la nueva pensión, así como el monto correspondiente a enero y que no fue abonado. La modalidad de pago será un solo abono por ambos meses.

Tras la publicación de la reglamentación, los ministerios de Defensa e Interior coordinaron la actualización de las pensiones. Asimismo, el MEF dio luz verde al abono respectivo con recursos propios de dichos portafolios.

Respecto a la demanda de inconstitucionalidad, se debe precisar que el abogado del Estado peruano, que introdujo esta acción el mismo día en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicaba la reglamentación de la ley para establecer el pago de los nuevos montos de dichas pensiones, señaló que la impugnación de la norma no guarda relación con su reglamentación.

“La potestad de presentar una demanda de inconstitucionalidad es del presidente de la República, para eso requiere un acuerdo de Consejo de Ministros, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2017. Esa aprobación fue remitida al MEF, que me elevó la competencia para presentarla, lo que hice el 30 de enero”, indicó Huerta Guerrero.

De acuerdo al procurador público, no existe ninguna incongruencia o contradicción entre la entrada en vigencia de la norma y el cumplimiento de la misma por parte del Ejecutivo con la demanda interpuesta ante el TC.