La corrupción, un problema irresoluto en Colombia (XVIII)

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Hemos visto en los casos de corrupción, cómo la participación de la mujer ha ido en aumento.  Años atrás, jamás habíamos sabido de nuestras mujeres latinoamericanas,  involucradas en éstas actividades corruptas.  Excepciones las habría, probablemente en una categoría de cómplice.  Sin embargo, en algunos de los casos aquí citados, ya la mujer es la que crea toda la trama de cómo esquilmar a su ciudad o al Estado.  Uno que otro caso a nivel latino americano, como Presidente o Congresista o Concejal o Alcaldesa.  Falta ver hasta dónde, “el fin justifica los medios” y hasta dónde, la pérdida de la moralidad, de la virtud, de la honestidad, es preferible a la “ganancia” de dineros mal habidos. ¿Hasta dónde la corrupción del acto económico, -en la mujer-, va de la mano de  la pérdida de su dignidad, de su honra y de su castidad?

Continuamos con el 2017- El Cartel de los abuelos: La ciudad de Pereira. El Centro de Bienestar del Adulto Mayor: Se atienden cerca de 100 personas.  El caso fue denunciado por la Personería Seccional.  Chanchullos hasta más no poder, por valor de $700 millones. 8 implicados.

Escándalo de Llanopetrol: Es la Refinería del Departamento del Meta, desfalco por $18.000 millones, durante la gobernación de Alan Jara, entre el 2012 y el 2015. La Fiscalía declaró que los 4 detenidos, seguían órdenes de altos cargos.

Escándalo de COLPENSIONES: Entre 8 y 11 personas, crearon una red delincuencial, para MODIFICAR LAS HISTORIAS LABORALES. Cobraban entre $10 a $100 millones, según la complejidad del trabajo. Tenían 2 modalidades: a) Personas que nunca estuvieron vinculadas al Seguro Social (es decir, un historial totalmente nuevo) y b) Personas que querían remendar su historia pensional (*aumentar* las semanas cotizadas). Monto del fraude: $1 billón.

Escándalo en la Fiscalía y en La Corte Suprema de Justicia= Cartel de La Toga: El Jefe de la Unidad Anticorrupción, apresado en su misma oficina, frente a sus empleados, Luis Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla, por pedirle al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la “bobadita” de $100 millones, para desviar una investigación en su contra, por malversación de fondos. Le proponían desviar el caso, inundando a los fiscales con intensidad de trabajo para que dejaran de lado el caso de Lyons. Hubo intervención de la DEA, por Lavado de Activos. En fin, un proceso que deja mucho que desear de nuestro sistema judicial, cuando varios Jueces de la Suprema Corte, estaban involucrados, como Gustavo Malo, Camilo Tarquino y el Senador Álvaro Ashton.

(Lo anterior, una verdadera vergüenza para el país, que pone en entredicho, la moralidad dela Suprema Corte de Justicia.)

Escándalo en la Justicia del Departamento del Meta: Agentes de la DIJIN, Policía Judicial, capturaron 2 fiscales seccionales, 2 jueces, un ex juez, un médico del Instituto de Medicina Legal,  un Asesor jurídico de la cárcel de la ciudad de Villavicencio, 2 investigadores de la misma DIJIN y 1 ex funcionaria de La Fiscalía, quienes estaban realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones de bandas criminales, por homicidio y narcotráfico. Durante la investigación, hubo más gente capturada, como otros 24 funcionarios de la Rama Judicial y Carcelaria.

(Otro desastre más, en el funcionamiento de la justicia).

Carrusel de las Cirugías Plásticas: Fraudes contra los organismos estatales de salud, por 102 procedimientos médicos irregulares, por un valor de $130 millones. Sin embargo, pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del ca$o, le$ concedió libertad a los imputado$, al con$iderar que el material probatorio, no era $uficiente!!!

Desfalco a ECOPETROL: Demandas a Ecopetrol por ex empleados, reclamando prestaciones a las que no tenían derecho. Obviamente los procesos fraudulento$,  se fueron llevando a cabo hasta llegar a la suma de  $130.000 millones.

Captura alcaldes de Pamplona y Curillo: Celebrando contratos con ONG “Corporación de Vida y Progreso”.  Empresas piratas de última hora, otorgándoles a dedo, contratos por labores que no se van a ejecutar a cabalidad.  La “tumbada” al estado, fue por $170millones. Los beneficiados,  posteriormente hacían contratos “legales” con otras entidades.  Es decir, los dineros pasaban legalmente a manos de terceros, complicando y empapelando aún más, los procesos judiciales.