Estado pierde S/ 1 millón al día por no cobrar impuestos a casinos

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Salas de juego están exoneradas del IGV desde 1999

 

Junto con otros beneficios, empresas de este rubro no pagan al erario nacional más S/ 400 millones al año

Serios cuestionamientos generó el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y las bebidas azucaradas, así como una anunciada alza al Impuesto a la Renta, por parte del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Hechos que generaron pánico, desestabilidad y protestas en diferentes de partes del país.

Lo cierto es que el gobierno central necesita recaudar más impuestos para que nuestra economía no llegue a cifras rojas a fin de año. Pero a quiénes el Estado debe gravar. El jefe de Estado ha tratado de calmar el temporal movido por su ministro de Economía, David Tuesta, y recalcó que no va imponer o aumentar algún impuesto a los que menos tienen. Entonces se abre la posibilidad que se revise ciertas exoneraciones u omisiones que favorecen a ciertos rubros, como por ejemplo el de los casinos y juegos de azar.

A partir de datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se estima que cada día, más de un millón de soles son literalmente ‘tragados’ por los casinos y tragamonedas en lugar de contribuir, como impuestos, a la muy reducida recaudación tributaria de nuestro país, el quinto del mundo con el menor nivel de cobro de impuestos como porcentaje del producto: tan solo el 12,9% del PBI, mientras que el promedio de los países que participan en la OCDE, organización a la que el Perú aspira a ingresar en los próximos años, supera el 32%.

Así es. Aunque parezca increíble, el Estado otorga desde hace años, según reportes de la SUNAT y del Ministerio de Economía y Finanzas, beneficios tributarios por más de 400 millones de soles a un tipo de actividad que no solo genera externalidades negativas a la salud, ocasionando trastornos sociales como la ludopatía, sino que es pasible de ser, según la FATF (Grupo de acción financiera contra el blanqueo de capitales), fuente de criminalidad financiera, mediante el lavado de activos. Lo dice incluso la ley que hace casi dos décadas permite este tipo de privilegio del que gozan establecimientos de juegos de azar: las máquinas tragamonedas “pueden ocasionar perjuicios contra la salud y seguridad pública”.

Desde 1999, los establecimientos de casinos y tragamonedas gozan de un régimen “especial” gracias a la Ley N°27153 – “Ley que regula la explotación de los juegos de casino y las máquinas tragamonedas”, que grava el 12% de la ganancia bruta mensual y al D.S. N°055-99-EF – texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo – que exonera del IGV a estos servicios.