Limpian a Toledo, Villarán y Humala

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Dejan sin efecto documentos sobre Carmargo Correa.

Un verdadero escándalo se está cocinando en la Fiscalía, que beneficiaría al expresidente Alejandro Toledo en la investigación sobre supuestas coimas recibidas de la constructora brasileña Camargo Correa.

Resulta que la Primera Sala Penal de Apelaciones anuló la resolución judicial que validaba la documentación del Caso Castillo de Arena, relacionada a la constructora brasileña Camargo Correa.

Esta información había sido remitida a nuestro país desde Brasil e incorporada en la investigación fiscal a Camargo Correa, su ex representante en el Perú Marco de Moura y el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, según publicó ayer el diario El Comercio.

Cabe señalar que la Fiscalía comprobó que el prófugo expresidente Alejandro Toledo recibió un pago de la constructora Camargo Correa de 3.984.335 dólares por la adjudicación del tramo 4 de la carretera interoceánica, entre el 2004 y el 2009.

El equipo que dirige el fiscal Hamilton Castro determinó que ese monto, el cual fue depositado en las cuentas de Josef Maiman, forma parte de un acuerdo del expresidente Toledo con Marco de Moura Wanderlei para recibir un total de 6.313.075 dólares para adjudicar al consorcio Intersur el referido proyecto vial.

La fiscalía había recibido documentos validados del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Brasil. Sin embargo, a través de una nueva resolución, la Primera Sala Penal de Apelaciones concluyó que no se fundamentó por qué dichos documentos –en los que aparecen anotaciones de pagos de la constructora brasileña a Alejandro Toledo– no fueron considerados prueba ilícita en nuestro país.

SE CAE LA INVESTIGACIÓN.

Como anillo al dedo cayó esta resolución desde Brasil para la defensa del expresidente Alejandro Toledo, más aún cuando los abogados de Camargo Correa insistieron en que la información del Caso Castillo de Arena debe ser retirada de tres investigaciones que el Equipo Especial del Caso Lava Jato les sigue.

Para fundamentar el pedido, alegaron que al haber sido declarada prueba ilícita por la Corte Suprema del Brasil, “no se puede avasallar principios constitucionales de mayor jerarquía”.

EFECTO

El exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, Marcos de Moura Wanderley, declaró ante el fiscal peruano de lavado de activos Germán Juárez Atoche que se desplazó junto a su equipo del Ministerio Público hasta Brasil. El empresario fue interrogado en el marco de la investigación por los aportes que recibió Ollanta Humala para sus campañas electorales del 2006 y 2011. La diligencia de De Moura ocurrió después del mismo acto programado con Jorge Barata en Sao Paulo.

Este tema podría caerse, ya que en el informe policial sobre la incautación de los documentos a Camargo Correa, se menciona el pago de sobornos de más de 6 millones de dólares vinculados a la Interoceánica Sur. Hoy se sabe que los fiscales peruanos lograron determinar luego de intercambiar información con las autoridades suizas, que uno de los pagos de sobornos de más de 90 mil dólares coincide con movimientos de dinero a una cuenta corriente del Citibank de Londres a nombre de una de las empresas de Josef Maiman, el exasesor del presidente Alejandro Toledo. Entre los documentos incautados del pago de las coimas de Camargo Correa aparece el nombre de Marcos de Moura Wanderley, quien era el representante legal de la empresa y es conocido como la pareja de Rocío Calderón, la amiga de la esposa del expresidente Ollanta Huamala, Nadine Heredia.

Otra que se beneficiaría con la anulación de la prueba incautada sería la exalcaldesa Susana Villarán, quien es investigadas a raíz que las constructoras Odebrecht, Camargo Correa y OAS pagaron por su asesoría a Felipe Belisario Wermus, más conocido como ‘Luis Favre’, para las campañas a favor de la NO revocatoria.

La firma brasileña Constructora Aterpa M. Martins S.A., socia de Camargo y Correa, que es investigada desde 2016 en Brasil por vínculos con el escándalo “Lava Jato”, contrató en 2014 con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Susana Villarán.