Fallo del PJ a favor de ley de equivalencia en FF.AA. y PNP

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Se sienta importante jurisprudencia

César López

A través de un recurso de casación la Primera Sala de Derechos Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en Cusco dejó importante jurisprudencia que garantiza la equivalencia de pensiones de más de 100 mil militares y policías en situación de retiro, según establece la Ley 30683, ley que reconoce la equidad de pensiones en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Y es que en su fallo que declara fundada la solicitud de un docente que reclama una pensión con mayor nivel remunerativo y reembolso de pensiones devengadas del Decreto Ley 20530.

Cabe señalar que el Decreto Ley 20530 es similar al Decreto Ley N° 19846 que rige el pago de pensiones a militares y policías, en el cual el pensionista recibe los mismo que el servidor activo, que es la equidad que estableció la Ley 30683.

Este fallo da mayor respaldo jurídico para que el Tribunal Constitucional declare infundado la demanda presentada por el Poder Ejecutivo que pide declarar sin efecto la ley que hace justicia a pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Por otro lado, está pendiente de pronunciamiento el pedido de la Comisión de Defensa del Congreso que ha pedido recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Naváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, a fin de garantizar los principios de independencia e imparcialidad en el proceso de inconstitucionalidad contra la ley de equivalencia de pensiones.

De otro lado, el pedido que hicieron militares y policías en situación de retiro para que el gobierno retire la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30683, que hace justicia con más de 100 mil efectivos, ha caído en saco roto en los ministerios de Defensa e Interior.

Efectivamente, el gobierno de Martín Vizcarra envió la solicitud al Ministerio de Defensa para que se pronuncie y el titular del sector en vez de brindar una opinión técnica y legal, tira la pelota la pelota al director general previsional de las Fuerzas Armadas, Francisco Lizárzaburu, quien no tiene competencias para pronunciarse.