“Reformadores” de justicia ya fracasaron con Fujimori y PPK

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Vega presidió grupo de integridad creado por lobbista de Odebrecht, y Abad trabaja para TC y fiscal de la Nación

Ana Teresa Revilla, miembro de la “comisión de notables” que el presidente Martín Vizcarra eligió para reformar el sistema de justicia, no solo tuvo altos cargos de confianza en los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García, sino que tuvo participación en una situación similar, que terminó siendo dirigida por el delincuente Vladimiro Montesinos.

“Poder Judicial (Octubre 1995 a Diciembre 1998) Directora de la Unidad de Coordinación del proyecto “Reforma Judicial” Préstamo del Perú con el Banco Mundial Nº 4256-PE. Unidad que coordinaba al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura y Academia de la Magistratura del Proyecto que ascendía a US$31,400.000”, se lee en el curriculum vitae de la abogada.

En ese proyecto estuvo la Comisión Andina de Juristas, precisamente donde Revilla había laborado dos años antes del inicio del acto montesinista. Es decir, trabajó en la ONG que luego ganó un concurso público en una gestión que ella coordinaba.

Además, trabajó como consultora para lo que era el Ministerio de la Presidencia, sector que fue anulado a la caída de Alberto Fujimori, ya que era usado mayormente para reforzar su imagen.

Por su parte, Eduardo Vega presidió la “Comisión de Integridad” que Pedro Pablo Kuczynski nombró cuando estalló el escándalo de su asesor Carlos Moreno, precisamente en el audio del “Negociazo”.

Acompañó a Vega Allan Wagner, quien justamente ahora dirige la “comisión de notables”. Si bien Wagner tiene una notable trayectoria diplomática -dirigió el equipo que enfrentó en la Corte de La Haya a Chile- ha sido muy cercano a Alan García, quien tiene investigaciones preliminares pendientes.

Como informara MANIFIESTO hace unos días, Wagner estuvo en la Comisión de Andina de Juristas, la cual luego recibiera 400,000 soles vía Naciones Unidas, para la reforma fujimorista, por medio de la firma de Diego García-Sayán.

Con estos antecedentes, a fines del 2016 entregaron propuestas a un jefe de Estado que mentía sobre su relación con Odebrecht, lo cual demostró la falta de autoridad moral de este para temas de justicia. Su informe sirvió de muy poco, como refleja la realidad.