TC reconoció que ley de equivalencia corrigió discriminación

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Triunfo de las FF.AA y PNP, ratifican la legalidad de la ley 30683

Motivos para sonreír. El Tribunal Constitucional, a través de una reciente sentencia, admitió que la Ley 30683, también llamada “ley de equivalencia de pensiones”, corrigió las injusticias del gobierno de Ollanta Humala que mutiló las pensiones de cerca de 100 mil militares y policías.   

El Tribunal Constitucional ha publicado el  jueves 09 de agosto la sentencia de la demanda presentada por Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar (ANAPPOMIL), a través del comandante Emilio Paredes Basto declarando la sustracción de la materia.

Según Francisco Quispe Pinto, presidente de ANAPPOMIL, al estar vigente la Ley 30683, que modifica la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133, se deja sin efecto el contenido normativo cuya constitucionalidad era cuestionada en ese proceso .

“Al estar en vigencia la Ley 30683 y cumpliéndose con el pago de la pensión, como lo establece dicha ley. Esto quiere decir que nuestra ley de equivalencia solucionó esa discriminación y es constitucional”, dijo.

Vale decir que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional ratifica la legalidad de la Ley 30683, que serviría de base para declarar infundado la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la ley de equivalencia de pensiones.

Cabe señalar que a fines de enero, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 014-2018 que permite nivelar desde este mes de enero las pensiones de los militares y policías, en aplicación de la ley dictada por el Congreso de la República, en noviembre del 2017.

De esta manera, los jubilados del régimen del Decreto Ley 19846 perciben desde enero como pensión un monto equivalente a la remuneración que se otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía en actividad.

Sin embargo, esta ley está a punto de quedar sin efecto debido a que el Gobierno, bajo el mando del expresidente Kuczynski, decidió presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, que beneficia a cerca de 100 mil policías y militares.