Dejan sin piso demanda contra ley de equivalencia

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Nuevo triunfo de FF.AA y Policía Nacional

El congresista Javier Velásquez Quequén, en su condición de representante del Congreso de la República para la defensa de la ley que equivalencia de pensiones a favor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entregó información que desbarata los argumentos del Poder Ejecutivo que buscan declarar inconstitucional esta norma.

Como se sabe el Congreso aprobó la Ley Nº 30683, que permitió a personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional reciban como pensión el equivalente a lo que reciben un efectivo en actividad, esta norma fue cuestionada por el Poder Ejecutivo, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En sus alegatos, el congresista Javier Velásquez desbarató el argumento de que esta norma tiene iniciativa de gasto, al entregar una sentencia del mismo Tribunal Constitucional que permite la dación de normas que reconocen derechos e indirectamente ocasionan gastos para defender derechos conculcados.

Cabe señalar, que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto nueve procesos de inconstitucionalidad, entre ellos la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley Nº 30683, que modifica el Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial en situación de retiro.

Para defender la causa intervino por el Ejecutivo el procurador Luis Huerta Guerrero y por la parte demandada el procurador Guillermo Llanos Cisneros y los congresistas Javier Velásquez Quesquén (CPA) y Carlos Tubino Arias-Schreiber (FP).

La argumentación sólida a favor de la familia policial y militar salió de parte del legislador Javier Velásquez Quesquén quien en la audiencia en la sede del Tribunal Constitucional de Arequipa sostuvo ayer que la demanda de inconstitucionalidad es falsa cuando sostiene que los beneficiarios elevarían sus pensiones hasta 15 mil soles.

Todo indicaría que el TC declararían infundado la demanda de inconstitucionalidad y ratificaría la legalidad de la ley que hace justicia a cerca de 100 mil militares y policías.