Investigan a alcalde de SJL por crimen organizado

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En la mira Juan Navarro, regidores y funcionarios

El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Juan Navarro, además de nueve regidores y 15 funcionarios ediles, bajo la Ley Contra el Crimen Organizado (Ley Nº 30077), al considerar que formarían parte de una organización dedicada a obtener ganancias ilícitas.

Según la disposición N° 02-2018 de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, en SJL operaría una organización dedicada a los presuntos delitos de extorsión, sicariato, usurpación, trata de personas, lavado de activos, colusión y corrupción de funcionarios.

Por la complejidad del caso se dispuso que el plazo de las investigaciones sea de 180 días y se tome declaraciones del alcalde Navarro y los implicados, a partir del 22 de octubre.

Según el fiscal Gabriel Tito Quispe, a cargo de las investigaciones, la campaña electoral de Juan Navarro y sus regidores para el período 2015-2018, en parte habría sido financiada por el cabecilla de la banda ‘Los Malditos de Bayóvar’, Darwin Malca (‘Loco Darwin’).

Tras ser detenido el 9 de octubre del 2015, el ‘Loco Darwin’ confesó que el 2014 aportó S/ 200 mil para la campaña de Navarro, con fondos provenientes de extorsión, sicariato y otros delitos. Reveló, además, que el dinero lo entregó a Raúl Lara, detenido por integrar la banda ‘Los malditos de Bayóvar’, cuando trabajaba en la Municipalidad de SJL.

El documento fiscal señala que los denunciados promovieron “el delito de trata de personas, facilitando la licencia de funcionamiento a establecimientos donde se ejerce la prostitución clandestina”.

Según la denuncia, cada prostíbulo del distrito pagaba cupos de 350 soles semanales a un tal ‘Chupito’, personaje cercano al alcalde Navarro. Accionar similar al del hermano del exalcalde de Villa María del Triunfo (en prisión) Fortunato Chilingano, quien cobraba cupos a los negocios .

Navarro también es investigado por colusión y otros presuntos delitos cometidos durante las licitaciones.