Dictan 18 meses de prisión preventiva para Villarán

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Ministerio Público apela e insiste en que sean 36 meses

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Esto como parte de la investigación por la recepción de aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS por US$10 millones. La Fiscalía había solicitado que la medida sea por un plazo de 36 meses.

Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. La fiscalía le imputa la recepción de US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS. Las dos constructoras entregaron dinero para su campaña contra la revocación del 2013. OAS también lo hizo para su campaña de reelección en el 2014.

“Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público en consecuencia de variar la medida restrictiva […] y se impone la prisión preventiva a Susana Villarán por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos, en agravio del Estado por un plazo de 18 meses”, explicó el juez durante la audiencia.

De inmediato, la fiscal Ángela Zuloaga apeló el plazo de la detención preventiva, mientras que la defensa de Villarán objetó toda la decisión del juez. Ahora lo que corresponde es que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina a que centro de reclusión será trasladada la ex alcaldesa de Lima.

Durante la lectura de su resolución, el juez manifestó que existen grandes elementos de convicción de la responsabilidad de la ex alcaldesa en los delitos que se le imputan así como el peligro de fuga.

Igualmente, el magistrado indicó que de parte de Villarán hay peligro de obstaculización del proceso y citó, como ejemplo de ocultamiento, el hecho de que ella negó ante la fiscalía conocer a los miembros de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y que, sin embargo, el libro y actas de esas asociación fueron hallados en su casa durante un allanamiento.

Chávez Tamariz argumentó que dispuso dar 18 meses de prisión preventiva en lugar de los 36 meses como pedía la fiscalía porque considera que ese plazo es suficiente para terminar la investigación que está bastante avanzada.

Luego de la audiencia, Villarán fue trasladada por la policía a la carceleta del Poder Judicial, donde pasó la noche y hoy será conducida al penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que cumpla con los 18 meses de prisión preventiva.

Pagos 

Durante la audiencia, la fiscal Ángela Zuloaga, fundamentó el requerimiento de prisión preventiva contra la ex autoridad edil, al sostener que los elementos de convicción contra Villarán habían incrementado.

Ello, al enumerar y reseñar la declaración de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces quienes describieron la manera en que Villarán y José Miguel Castro, solicitaron dinero a las constructoras Odebrecht y OAS.

Además, rescató las declaraciones del ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien manifestó ante la fiscalía que luego de haberle entregado $3 millones para la campaña del No a la Revocatoria de Villarán, esta última le agradeció el aporte.

También se rescató la declaración del aspirante a colaborador 105-2019, quien manifestó que  Valfredo de Assis (representante de OAS) fue citado a Palacio Municipal y se reunió con Susana Villarán, quien le dijo que el cambio de gestión perjudicaría a los proyectos en marcha.

Luego, agregó el aspirante a colaborador, José Miguel Castro, le dijo a OAS que las empresas debían pagar parte del financiamiento contra la No Revocatoria y le solicitó $3 millones.

Con dicho dinero, indicó, la fiscal se pagó la publicidad a empresarios extranjeros como Luis Favre y Valdemir Garreta.

Además, dijo la fiscal, se pagó a los artistas Magaly Solier, Cristian Thorsen y Julio Andrade, que cobraron por participar en la campaña por el NO a la Revocatoria. “Tuvieron contraprestaciones”, agregó la fiscal.

Para la campaña de reelección del 2014, anotó la fiscal, Villarán habría solicitado dinero  a la empresa OAS. El porte, fue pedido a través de José Miguel Castro, quien dijo a la constructora que a ellos les tocaba entregar $4 millones.

Sin embargo, anotó la representante del Ministerio Público, parte del dinero de dicha campaña se encontraría aún en poder de Villarán y sus coinvestigados, ya que las rendiciones de cuentas de su postulación al sillón municipal, fue menor al presunto aporte recibido.

Red criminal 

La fiscal Zuloaga, sostuvo que Villarán “utilizó la Municipalidad de Lima, ella usó a los funcionarios municipales para sus fines”. Recordó que la ex alcaldesa, siempre negó saber la procedencia de los fondos.

Sin embargo, tras las investigaciones del Ministerio Público, dijo, se determinó que “ella sabía el grado de participación de cada uno de los integrantes de la organización criminal”.

“(Villarán) es líder de su propia organización criminal”, apuntó Zuloaga.

La fiscalía también consideró que Villarán había obstaculizado la investigación puesto que recién, a través de una declaración en una radio local, admitió que sí conocía que los aportes a su campaña electoral provenían de Odebrecht y OAS.

A ello, advirtió, se suma el audio grabado por Gabriel Prado, en la que conversan sobre los aportes. “Esto demuestra un pacto de impunidad con José Miguel Castro Gutiérrez y demuestra que influenciaba en sus coprocesados para que el Ministerio Público no pueda llegar a la verdad”, afirmó la fiscal.

Por esas consideraciones y porque las penas a imponer en un futuro superarían los cuatro años y que por ello podría eludir la justicia, la fiscalía consideró que era imponer prisión preventiva contra Villarán, era necesario.

“Es de imperiosa necesidad que se varíe la comparecencia restringida por la de prisión preventiva de Villarán, básicamente, porque puede influir en las personas cercanas o colaboradores”, concluyó.

Su defensa 

Iván Paredes Yataco, abogado de Villarán de la Puente, anunció que no rebatiría los elementos de convicción sustentado por la fiscalía. No obstante, sí cuestionó el peligro procesal y de fuga.

Al respecto, sostuvo que su patrocinada viene cumpliendo con las normas de conducta que le impuso en Poder Judicial cuando dictó su comparecencia restringida con impedimento de salida del país.

En esa línea aseguró que la Fiscalía ya conoce donde vive Villarán y que además, esta aún tiene un contrato de trabajo vigente hasta septiembre del 2019. Que su patrocinada ha tenido más de 80 procesos abierto y de dicha cifra, 50 ya están archivados.

Aseguró que con sus recientes declaraciones ante una radio local, donde admitía su responsabilidad por solicitar aportes de Odebrecht y OAS, los hizo por convicción personal y no por presiones ante un supuesto colaborador eficaz.

Villarán de la Puente hizo sus alegatos de defensa y ratificó su versión sobre la procedencia de los aportes de Odebrecht y OAS. Afirmó que no lo había dicho antes, pero no por un “pacto de impunidad” sino por “lealtad” para no incriminar a otras personas.

“Acepté hecho, esos hechos que han sido recogidos por la señora fiscal tendrán que ser corroborado y pasar de ser elementos de convicción en su momento y ser prueba fehaciente de los delitos que se me imputan en este proceso”, dijo Villarán

Sin embargo, acotó, “ese día no ha llegado”. “Llegará cuando la fiscalía, el equipo especial de la fiscalía que respeto y cuya lucha contra la corrupción apoyo, ese día será cuando la fiscalía presente na acusación”, anotó.

Sobre su conducta procesal, sostuvo Villarán, jamás eludirá a la Justicia.

“Yo no soy de las personas que se fugan, yo no soy de las personas que evaden a la justicia. Yo soy de las personas que siempre han dado la cara”, afirmó Villarán ante el juez Chávez Tamariz.

Cabe indicar que el ex gerente municipal de Villarán, José Miguel Castro, anunció que se quedó sin abogado defensor horas antes de que inicie la audiencia, por lo que su caso recién sería visto el día de hoy.

En tanto, también está pendiente la decisión en el caso de Gabriel Prado, quien ayer entregó a la Fiscalía la computadora donde grabó audio con Villarán.

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