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Alcaldes del sur demandan al gobierno relanzar reconstrucción de Región Ica

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Convocados por AMPE, piden priorizar programas sociales a favor de damnificados.

Los alcaldes de las regiones de Ica, Ayacucho Sur y Lima Sur hicieron un llamado al gobierno central para relanzar la inversión pública y privada, eficaz y oportuna en la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de agosto del 2007, así como priorizar la ejecución de los programas sociales en ellas, entre ellos Beca 18, para acelerar el desarrollo actualmente estancado en provincias damnificadas.

Esta invocación fue acordada en la “Declaración de Ica”, suscrita al final del Encuentro de Municipalidades realizado los días 03 y 04 en esta capital que reunió a 145 burgomaestres, regidores y funcionarios municipales de las citadas localidades, entre los que se contaron el alcalde de Ica, Gustavo Martínez, el presidente del Gobierno Regional de Ica, Alfonso Navarro; el alcalde provincial de Ica, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe) y alcalde provincial de Trujillo, Cesar Acuña, entre otros.

En la cita, el alcalde de Ica mostró las experiencias logradas en la reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo en 13 distritos de la provincia de Ica, como por ejemplo la entrega gratuita de Martínez, sustentó que era urgente promover el acceso al programa Beca 18 de los jóvenes que necesitan oportunidades para estudiar.

El burgomaestre iqueño recibió el respaldo de sus pares frente a las amenazas de muerte anónimas que viene recibiendo y un acuerdo del encuentro por el que solicitan al Ministerio del Interior brindarle las garantías mínimas.

Entre otros importantes acuerdos se contaron el pedido al Congreso para efectuar una urgente reforma de la distribución del canon. También, exigieron al Gobierno Nacional que los programas sociales y otros fondos concursables deben ser compensatorios para los pueblos con escasos recursos económicos.


Perfeccionar la revocatoria

Los alcaldes demandaron regular las causales del proceso de revocatoria de la Ley de Control y Participación Ciudadana y establecer la realización de una sola consulta ciudadana durante los 04 años de gestión municipal y regional.