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Defensores de oficio

13 Jul. 2017

Defensores de oficio

Para sorpresa de todos, los acusadores profesionales, aquellos que han dedicado su vida y construido su ‘reputación profesional’ a formalizar acusaciones de cuanto personaje se le cruzaba en su camino y pedir penal y aislamiento ante la declaración de cualquiera que se presente como testigo, hoy se conviertan en defensores de oficio, suponemos, de la familia Humala Heredia.

También asombra la actitud de varios medios de comunicación y varias ONG que han demostrado en el pasado, no tan lejano, una vocación carcelera, reclamando prisión por la aparición de unas iniciales o por un nombre aparecido en algún documento, ahora se ponen legalistas en extremo y exigen la aplicación al milímetro de las exigencias del Código Penal y prudencia ante la vida privada de la familia.

Son los mismos medios y los mismos procuradores que hace pocos años desarrollaban documentos judiciales exclusivamente con artículos periodísticos y testimonios de una colaboradora eficaz que se convertían en dogmas y acusaban de herejes a aquellos que se atrevían a cuestionar aquellos dichos.

Entendemos posiciones principistas que marquen siempre nuestras opiniones, pero cuestionamos aquellas que se van amoldando a las circunstancia y al personaje.

Tengan la seguridad de que en breve tiempo aquellos mismos defensores de Humala alzaran los argumentos contrarios a los esgrimidos ahora para condenar a sus enemigos políticos.

Parece que estos defensores de oficio desprecian el proceso judicial, que el juez decida ordenar o no la prisión preventiva debe estar basada, no en los argumentos ni indicios de la Fiscalía, sino exclusivamente de las opiniones de esas ‘luminarias’ del derecho que pretenden asfixiar el sustento fiscal en medio de diatribas y menosprecios.

Al cierre de esta columna, aún se seguía debatiendo en sede judicial la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Esperamos que el magistrado Richard Concepción Carhuancho tenga el valor suficiente para tomar una decisión sin tomar en cuenta a aquellos que pretenden que sus opiniones reemplacen o se impongan a un magistrado y al Poder Judicial.