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Formalizan denuncian contra mafia de terrenos

15 Jul. 2017

Formalizan denuncian contra mafia de terrenos

Actuaban bajo la estrategia de red Orellana

Poder Judicial decidirá final de asociación delictiva que incluye a conciliadores y abogados

El Ministerio Público formalizó la denuncia penal contra la señalada red criminal que bajo la estrategia desarrollada por Rodolfo Orellana, se apoderaban de terrenos y propiedades, como lo sucedido a una empresa a quien intentaron arrebatar un terreno en la urbanización Sol de la Molina, en el distrito de La Molina.

El proceso se encuentra actualmente en el Quinto Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho, a cargo de la jueza titular Elizabeth Emma Alemán Chávez, que deberá decidir sobre el destino de estos personajes.
Fuentes judiciales destacan la buena gestión de la magistrada Alemán Chávez quien ha demostrado solvencia jurídica y total imparcialidad.

Las mismas fuentes indicaron que la denuncia incluye Edson Grover Quispe Rivera, Carmen Julia Victoria Chambi, Roxana Elena León Usurin; Eduardo Valverde Ochoa; Manuel Arana Mendizábal y Carolayne Estefany Quispe Aquino, de formar parte de este tinglado delictivo.

Según los voceros de la empresa que fue víctima de su operación delictiva, ellos recién se enteraron de la intención de apoderarse de un terreno ubicado en el Sol de la Molina, a partir de la recepción de una notificación del Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Lurigancho, en el que les informan de un proceso civil que exige la ejecución de un acta de conciliación supuestamente suscrita entre los denunciados y el gerente general de la empresa, solicitando el otorgamiento de escritura pública del terreno a favor de los denunciados.

Modus operandi
Esta red delictiva aduce ante el juzgado civil que el representante legal de la empresa había suscrito un contrato de compraventa con los denunciados y que posteriormente, el representante participó en una sesión de conciliación en el “Centro de Conciliación Voluntad”, ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 170, oficina 201 y 202, Los Olivos, emitiéndose un acta de conciliación, en la cual se habría suscrito el acuerdo de otorgamiento de escritura pública.

Los voceros indicaron que el representante legal no firmó ninguna minuta de compraventa ni se apersono a ningún centro de conciliación, habiendo los denunciados fraguado la firma de los representantes de la empresa y consignado domicilios falsos para evitar que la empresa agraviada tome conocimiento del tema.
Se debe indicar que, pese a que el Ministerio de Justicia les retiró la autorización, este centro de conciliación seguiría trabajando con diferentes nombres, pero en el mismo lugar y con los mismos representantes.

Complicidad
“Sostenemos por ello que tuvieron ayuda del mismo centro de conciliación, pues la invitación a conciliar se dirige a un domicilio distinto al que figura en el DNI presentado al mismo centro de conciliación y que sirvió para identificar al representante legal de la empresa agraviada”, indicaron.

Armados con estos documentos falsificados (la compraventa y el acta de conciliación) iniciaron el proceso civil con un aparente revestimiento de legalidad para apropiarse del terreno.