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Golpe a mafia de terrenos

12 Aug. 2017

Golpe a mafia de terrenos

PJ ordena prisión para acusados de tráfico de terrenos

Dispone la captura de Quispe Rivera y el internamiento de Victoria Chambi

La Titular del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de San Juan de Lurigancho, Elizabeth Emma Alemán Chávez, ordenó la prisión preventiva por nueve meses, por el supuesto delito de integrar una organización criminal dedicada, entre otros al tráfico de terrenos.

La magistrada Alemán Chávez, ante la contundencia de las pruebas y demostrando coraje e independencia, tomó esta decisión contra Edson Grover Quispe Rivera y Carmen Julia Victoria Chambi, al considerarlos presuntos coautores de los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación y uso de documento privado falso, en agravio de la empresa Don George SA, Centro de Conciliación Voluntad y Roxana Elena León Usurin; contra la administración pública, en la modalidad de fraude procesal, en agravio del Estado y de la empresa Don George SA, y contra la administración pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir.

Carmen Julia Victoria Chambi fue internada de inmediato en un penal de Lima, mientras en el caso de Quispe Rivera, se ordenó su captura a nivel nacional.

Se debe destacar la labor del fiscal adjunto provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Mixta de San Juan de Lurigancho César Armando Daga Rodríguez quien sustentó con valentía y precisión los argumentos que determinaron la prisión preventiva.

De igual manera, la magistrada determinó que Amado Eduardo Valverde Ochoa y Manuel Numen Arana Mendizabal, lleven el proceso bajo la medida coercitiva de comparecencia restringida que incluye el pago de una caución de 4 mil soles cada uno.
Como se recuerda, LA RAZÓN presentó la denuncia sobre la supuesta organización criminal que, usando mecanismos ilegales implementados por la llamada red Orellana, buscaba apoderarse de terrenos y propiedades.

Los voceros de una empresa víctima de esta red criminal denunció que estos personajes intentaron apoderarse de un terreno en la urbanización Sol de la Molina, y para ello montaron un entramado que revestía de aparente legalidad el robo.

Según la denuncia, los imputados utilizaron un acta de conciliación falsa firmada por un supuesto representante de la empresa en la que se comprometía a la entrega del terreno. Con estos documentos, se presentaron ante el PJ y reclamaban su propiedad exigiendo la ejecución de la falsa acta de conciliación. Es recién en este momento en que los agraviados se enteran del crimen.