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Piden actuar a ministro de Justicia y del Interior

04 Jun. 2017

Piden actuar a  ministro de Justicia  y del Interior

también exigen al PJ celeridad para acabar con denunciada mafia que incluye a conciliadores y abogados

Las víctimas de esta denunciada red criminal pidieron al Poder Judicial sancionar a sus miembros para evitar que más familias y emprendedores sean nuevas víctimas y se vean desposeídos del esfuerzo de toda su vida.
Los representantes de una empresa víctima denunciaron el accionar delictivo de esta red que habría montado toda una estrategia que les permitía crear una apariencia de falsa legalidad que les permite llegar incluso al Poder Judicial.

“El ministro del Interior Carlos Basombrío debe ver esta situación, pues el tráfico de terrenos es un grave problema que abona a la inseguridad ciudadana y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, también debería responder por permitir que siga operando centros de conciliación cuestionados que están al servicio de esta red criminal”, indicaron las víctimas.

Según la denuncia, esta organización que estaría integrada por Edson Grover Quispe Rivera, Carmen Julia Victoria Chambi, Roxana Elena León Usurin, Eduardo Valverde Ochoa, Manuel Arana Mendizábal y Carolayne Estefany Quispe Aquino, incluso logran que sus víctimas se enteren recién en la última etapa de su estrategia, cuando en muchos casos ya podría ser demasiado tarde.

Por ejemplo, la empresa víctima nos indicó que recién se enteró del plan para apoderarse del terreno ubicado en el Sol de la Molina, a partir de una notificación del Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Lurigancho, en el que les informan de un proceso civil que exige la ejecución de un acta de conciliación supuestamente suscrita entre los denunciados y el gerente general de la empresa, por el otorgamiento de escritura pública del terreno a favor de los denunciados.

Esta red delictiva afirmó que el representante legal de la empresa había suscrito un contrato de compraventa con los denunciados y que posteriormente, el representante participó en una sesión de conciliación en el hoy cuestionado “Centro de Conciliación Voluntad”, en la Av. Carlos Izaguirre 170, oficina 201 y 202, Los Olivos, que emitió una falsa acta de conciliación, con firmas falsificadas, DNI adulterados y direcciones falsas.

Así armados con estos documentos falsificados (la compraventa y el acta de conciliación) iniciaron el proceso civil con un aparente revestimiento de legalidad para apropiarse del terreno.