Martín Valdivia
La semana de representación para los congresistas de la República es aquella en la que los parlamentarios van a sus lugares de origen para conocer las necesidades de sus pueblos y responder ante las personas que los eligieron. Son momentos en los cuales el “Padre de la Patria” se empapa de los problemas de su comunidad y escucha a sus principales autoridades con la finalidad de prestarles ayuda y elevar sus inquietudes al Parlamento.
Nuevamente tocamos este tema porque es preocupante lo que pasa. Por ello damos a conocer a la ciudadanía que este trabajo no es gratuito. A cada congresista se le abona unos 4,000 soles, pero líquido recibe 2,800 soles mensuales con la finalidad de hacer un informe de cómo les fue durante esa semana y en qué gastaron el dinero asignado. Entonces, ¿los congresistas son pasibles de ser acusados como malversadores de fondos, falsedad genérica y otros delitos? La respuesta es sí, ellos no tienen ningún derecho de utilizar los fondos públicos en gastos personales que lindan con lo grotesco.
¿A qué peruano la Sunat no lo acogota con los impuestos, ya sea como renta personal o de pequeño empresario? ¿Acaso no vemos cómo sufren los comerciantes de microempresas legales que no tienen cómo pagar impuestos? ¿Es justo que con esos fondos –obtenidos con el sudor de todos los peruanos– estos “Padres de la Patria” se den la gran vida y engañen al país con viajes que nunca han realizado?
Es eso lo que detestan los peruanos. El despilfarro de sus impuestos en situaciones absurdas, más aún cuando esos dineros son malversados por quienes, se supone, deberían ser ejemplo de orden, honestidad y transparencia.
Ojalá se investigue a fondo y que el “otorongo no come otorongo” quede en el pasado. Recordemos sino el caso de la congresista Marita Herrera, quien en 2017 reportó a la Presidencia del Congreso su “informe” sobre las actividades que realizó en la región Amazonas durante la semana de representación realizada entre el 25 y 29 de marzo. Grande fue la sorpresa al comprobar que su movimiento migratorio revelaba que, justamente, por esas fechas, se encontraba paseando por Ecuador.
El Ministerio Público interpuso una denuncia constitucional contra la citada congresista por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado. Eso sucedió en septiembre del año pasado y, hasta la fecha, no se sabe los resultados de dicha investigación.
Hoy, los implicados son más. A sabiendas que ya había un precedente como el de Marita Herrera, poco les importó a los congresistas volver a tropezar con la misma piedra. Para ellos no existe moral ni ética. Ellos saben que la ciudadanía no los quiere y vuelven a burlarse de un país pobre, donde muchos no tienen ni un pan para llevarse a la boca. Eso sí que es maldad, señores congresistas.
