A pesar de pruebas archivó caso Madre Mía y cuestionado CNM lo protegió
César López
La comisión parlamentaria que investiga el caso Madre Mía tiene indicios que apuntarían magistrados, entre ellos el juez César San Martín, blindó al expresidente Ollanta Humala de crímenes, a pesar de la cantidad de testimonios que acusan al denominado Capitán Carlos en estos asesinatos.
Entre los implicados se encuentra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien como fiscal supremo convalidó el archivamiento que hizo Víctor Cubas Villanueva, y César San Martín, quien presidió la sala penal de la Corte Suprema que determinó el archivo del caso.
San Martín en diciembre de 2009 resolvió no haber lugar para iniciar un juicio oral al ex presidente Ollanta Humala Tasso por los asesinatos y desapariciones forzadas en 1992 en la Base Contrasubversiva Madre Mía (Huánuco).
En junio del 2017, la Cuarta Fiscalía Penal Supranacional reabrió el caso de las desapariciones forzadas en Madre Mía (San Martín), después de que se revelara la existencia de unos audios producto de una interceptación telefónica legal en que se admite el pago de coimas a testigos para archivar el caso en el año 2011.
El caso se inició el 17 de junio de 1992, el ciudadano Jorge Ávila denunció al entonces comandante Ollanta Humala, encargado de la base Madre Mía y conocido con el apelativo de Capitán Carlos, ante la Fiscalía de Tocache por haber supuestamente ordenado un ataque contra él y sus familiares tras confundirlos con integrantes de Sendero Luminoso.
Según dijo en ese momento, fue secuestrado y torturado, pero logró escapar. Su hermana, Natividad Ávila Rivera, y su cuñado, Benigno Sulca Castro, desaparecieron.
El Poder Judicial recién abrió proceso el 2006 por homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves. La Sala Penal Nacional decidió archivarlo en 2009, luego de que otros testigos se desdijeron. El propio Ávila limpió de responsabilidad a Humala. Con todo esto, en última instancia, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó retirar del proceso al principal acusado.
El caso se reabrió el 2011, Humala era candidato, pero la investigación se archivó de nuevo. La nueva acusación tampoco trascendió, pues la Fiscalía de Tocache aplicó la sentencia de la Corte Suprema que desestimaba la acusación. Es en ese momento, según el audio, que se pagaron los sobornos para evitar la acusación.
Recientemente, Ávila sostuvo que Amílcar Gómez fue el intermediario de los 4,500 dólares para dejar de acusar al expresidente.
En junio de este año ante la Comisión Madre Mía, César San Martín defendió su resolución al remarcar que se dio con apego a ley y en base a los elementos de convicción planteados en el expediente presentado, los cuales establecían delitos ordinarios. “En ningún momento del proceso se mencionó que eran delitos de lesa humanidad. No lo dijo nadie”, acotó.
Asimismo, San Martín hizo hincapié en el cambio de versión de los testigos que sindicaban a Ollanta Humala Tasso como el ‘capitán Carlos’, supuesto autor de estos delitos. Aseveró que se evalúo la credibilidad, las certezas y las persistencias de todas las declaraciones de ambas partes procesales. Todo ello de una forma conjunta y global.
Refirió, además, que las constataciones antropológicas que se realizaron no lograron ubicar los lugares en donde los denunciantes aseguraron que fueron torturados.
En mayo de 2017, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), implicado en los escandalosos audios, decidió no abrir investigación a la sala que presidía el juez supremo César San Martín. El magistrado llevó el caso Madre Mía que finalmente absolvió al exmandatario.
Mediante un comunicado se informó que la decisión se tomó por mayoría, cuatro contra tres votos por lo que se da por cerrado el tema
