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Opinión

Aplicando la ley

06 Dec. 2017

Aplicando la ley

Por: Carlos Linares Huaringa

La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de disponer la prisión preventiva de los empresarios más poderosos del país es una muestra de que la ley puede y debe ser aplicada a todos.

Y digo “puede” porque en la mayoría de los casos ha sido la inacción de las autoridades, por ineficiencia o un interés subalterno, la causa de que seamos testigos de la impunidad cuando se trata de investigados y procesados ‘de cuello y corbata’.

Ver enmarrocados a José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña (de Graña y Montero), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (de JJ Camet) y José Castillo Dibós (de ICCGSA) durante su traslado al penal –así como la permanencia de Gonzalo Ferraro Rey bajo arresto domiciliario en una clínica- es una evidencia de que nadie debe escapar a la aplicación de la justicia.

Sin embargo, también se tiene que dejar en claro que para conseguir que las autoridades cumplan con su deber muchas veces necesitan estar bajo la observación y cuestionamiento públicos.

No es simple casualidad que la celeridad mostrada por la Fiscalía en las últimas semanas, con los casos Mariano Gonzales, Susana Villarán y los socios de Odebrecht, haya tenido su punto de partida luego de las denuncias presentadas en contra del titular de dicha institución, Pablo Sánchez, y del propio Hamilton Castro.

La información que ha permitido sustentar las medidas adoptadas por la Fiscalía en estos días se encuentra en su poder desde hace casi un año. Es cierto que toda indagación necesita tiempo para la corroboración y preparación del caso antes de cursar al Poder Judicial solicitudes de captura e incautaciones, pero está claro que aquí hubo una intención dilatoria.

Algunos sectores consideran las acciones dispuestas por Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma como actos de presión que buscan un resultado específico: vengarse de la Fiscalía por la indagación a Keiko Fujimori y lograr el encarcelamiento de los personajes investigados.

Lo real es que bastó que el titular de la Fiscalía viese posible su alejamiento del cargo para que se produzca el destrabe automático de todos aquellos casos que desde hace meses estaban convenientemente estancados.

Y no se ha direccionado nada, ya que según la propia Fiscalía, está debidamente demostrada la responsabilidad de todos los involucrados antes mencionados. Esperemos que a partir de ahora sigamos viendo esa misma celeridad en los casos que aún están pendientes.