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Opinión

Autoridad

08 Aug. 2017

Autoridad

Como era de esperarse, los ofrecimientos, amenazas e intenciones del Ejecutivo fueron pisoteados por los profesores de los llamados Sute Regionales que insistieron en su huelga y desde el gobierno volvieron a los discursos repetidos durante las últimas semanas.
El gobierno había cedido para atender los reclamos de los docentes, incluso la de adelantar el aumento programado para el próximo año a diciembre; flexibilizar, hasta debilitarlo, las evaluaciones docentes, y buscar una fórmula para no descontar el sueldo pese a los más de 40 días de huelga ilegal.

Ya lo habíamos advertido días atrás: Sute-R no busca acuerdos, busca legitimarse frente a sus bases y lo que buscan es que representantes del Gobierno Central se sienten con ellos en una mesa de negociaciones, y se concreten acuerdos y atención a su reclamo.
De esta manera, la dirigencia del Sutep se vería debilitada y permitiría el surgimiento de una nueva organización gremial docente que desplace al sindicato único.

Mientras más tiempo el gobierno permita esta protesta violentista fortalece a este gremio que tiene graves indicios de vínculos con el Movadef y otros organismos de fachada de Sendero Luminoso. Se debe restituir el principio de autoridad.

La prédica violentista suma adhesiones, se confunde la brutalidad de la ilegalidad con la firmeza y la insatisfacción es un caldo de cultivo para la violencia.
La ministra Martens ha demostrado falta de reacción e incapacidad para resolver esta problemática; sus asesores no supieron leer el mensaje que traía esta facción de profesores. Nadie intentó frenar esta protesta a tiempo y dejó que la indignación creciera hasta la violencia.

Las advertencias de denuncias y descuentos caen en saco roto; los antecedentes juegan en contra: no hay procesados, muchos menos condenados, por violación de la ley en el marco de las protestas; los acuerdos incluyen por lo general perdones por faltas y amnistías previas a las condenas.

Ministra Martens, deje ya los discursos ambiguos; es necesario concretar sanciones, detener a quienes bloqueen carreteras o destruyen propiedades privadas y públicas, y aplicar los descuentos y despidos a quienes no cumplen con sus obligaciones laborales. Solo así se podrá restituir el principio de autoridad y los estudiantes no seguirán siendo las verdaderas víctimas de esta huelga.