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Opinión

Comparecencia en investigación parlamentaria

15 Oct. 2017

Comparecencia en investigación  parlamentaria

Por: Antero Flores-Araoz

Nos induce a tratar el tema materia de este artículo, la negativa del Presidente de la República de atender presencialmente, el interrogatorio de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso “Lava Jato”, y su disposición de hacerlo por escrito según pliego interrogatorio.

Si la Comisión Investigadora se allana a la pretensión presidencial de dar su testimonio por escrito, no habría problema alguno, pero en caso que la Comisión no lo aceptase, se tendría que discernir sobre cuál es el procedimiento acorde con la Constitución y el Reglamento del Congreso.

Para lo último señalado, debemos comenzar que es derecho del Congreso “iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público”. Evidentemente la investigación de actos de corrupción imputados a empresas constructoras de Brasil y a sus funcionarios, es de interés público, pero más, es obligación legal y moral la lucha contra la corrupción.

El precepto constitucional determina que “es obligatorio comparecer…ante las comisiones encargadas de tales investigaciones”, y como también la propia Constitución dispone, la igualdad ante la Ley, el Presidente no podría inhibirse de dar su declaración.
La declaración del Presidente, no necesariamente tiene que ser en el recinto del Congreso, sino que lo puede ser en su Despacho, como son las declaraciones judiciales de altos funcionarios de la República.

La declaración en el Despacho Presidencial tiene antecedentes, como son las del actual Presidente, en las investigaciones sobre las actuaciones del médico del Sector Salud Carlos Moreno, y con anterioridad en el año 2005 cuando el entonces Presidente Alejandro Toledo declaró ante la Comisión del Congreso que investigaba las firmas falsas para la inscripción de su Partido Político.
En el caso de Alejandro Toledo, había mostrado reticencia para la firma del acta que reprodujera lo acontecido en la diligencia, lo cual indujo al Presidente del Congreso a enviar a Palacio de Gobierno, junto a la Comisión Investigadora, al funcionario del Parlamento, a quien previamente juramentó como fedatario, con lo cual la firma del entonces Presidente Toledo resultaba irrelevante.

Se ha argumentado que el Presidente no está obligado a comparecer ante la Comisión, pues “sólo puede ser acusado durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones…., por disolver el Congreso…o por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. Después del período Presidencial si puede ser denunciado.

Lo antes señalado es cierto, lo prescribe la Constitución, pero también lo es que no se trata de procesamiento de índole penal, por más que lo investigado haya sido antes de su elección, y sin que exista duda respecto a su honorabilidad. Se trata simplemente de brindar declaración testimonial, lo que no transgrede norma alguna y ella puede ser presencial o por escrito.
Hay que precisar que los parlamentarios de acuerdo a su Reglamento, deben “observar las normas de cortesía de uso común”, que lamentablemente algunos incumplen, y peor cuando su trato es con quien personifica a la Nación.