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Opinión

Del Palacio de Pizarro a los centros de reclusión

15 Jul. 2017

Del Palacio de Pizarro a los centros de reclusión

Por: Francisco Chirinos Soto

El 28 de julio del año pasado, el Presidente Ollanta Humala estaría retirando de Palacio de Gobierno sus últimos enseres. Lo propio haría su elegante esposa, quien habría tenido allí una parte de su abundante colección de vestidos de altos precios. Es decir, en menos de un año todo ese esplendor se ha trocado en el dolor y la ignominia que ambos sufren ahora, al haberse ordenado judicialmente prisión preventiva como consecuencia de las graves incriminaciones que los esposos tienen que enfrentar.

Se acusa de lenta a la justicia peruana. Pero, acaso excepcionalmente, en este asunto no ha sido tan lenta, puesto que ha generado la transformación de una próspera y poderosa pareja en otra que a estas alturas debe encontrase tras las rejas –en Santa Mónica la esposa- y en alguna de las varias prisiones para varones, el marido, en un lapso inferior a los doce meses.

La prisión preventiva dictada por el juez penal doctor Richard Concepción Carhuancho no constituye una sentencia, puesto que no los ha declarado culpables. Se trata de una medida provisoria basada en la existencia de elementos probatorios que han acentuado la probabilidad de que existan conductas delictuosas en los hechos atribuidos y que tales conductas, tipificadas en la ley penal, presagien la imposición de elevadas penas privativas de libertad, a todo lo cual se suma el llamado riesgo procesal, que consiste en la perspectiva de que el imputado o los imputados en una causa podrían intentar la fuga o la realización de hechos que pudieran perturbar la actividad investigatoria de los tribunales de justicia.

La normatividad introducida por el nuevo Código Procesal Penal en cuanto a la detención preventiva tiene aspectos interesantes pero también, lamentablemente, otros negativos. Entre los primeros puede citarse a la capacidad que otorga al juez penal para dictar medidas provisionales de privación de libertad, con duración razonable para permitir que dentro de ese marco temporal se agoten la investigación y el juicio. Entre las negativas se ubica el abuso que pueden cometer los mismos jueces y también los fiscales en acogerse a los plazos extensos para tramitar lentamente causas sencillas cuya investigación y sanción bien podría agotarse en unas cuantas semanas.

Dentro de este tema, es necesario poner de relieve que las disposiciones o mandatos de detención provisoria no han de tener necesariamente la duración que el juez les ha fijado. A propósito, en las resoluciones respectivas se ordena la privación de libertad por ciento ochenta días, pongamos por caso, pero no se deja en claro que tales ciento ochenta días son un extremo máximo que bien puede quedar reducido si a lo largo de la investigación aparecen o se desarrollan actividades probatorias capaces de modificar en su provecho la condición jurídica del inculpado o los inculpados. Entonces, debe entenderse que el mandato de prisión opera “hasta” por ciento ochenta días. Esa conjunción “hasta” es indispensable para que se entienda, en definitiva, que la privación de libertad no puede ser mayor de los ciento ochenta días, pero sí, en cambio, puede ser menor, si se dan las circunstancias a que me acabo de referir.

Avanzamos en la administración de la justicia penal. Escuché precisamente afirmar con acierto a un comentarista radial en el sentido de que no puede acusarse de inoperativa y descuidada a la justicia peruana, cuando ya hay dos ex–presidentes de la República en prisión –uno cercano a terminar su condena y el otro en los tramos iniciales de la misma- así como funcionarios y militares de alto rango cumpliendo sentencias privativas de libertad. Puede acaso haber algunos excesos, pero que hay actividad, no cabe duda. Evitemos los excesos y los abusos y mantengamos la agilidad y el dinamismo de los órganos administradores de justicia.