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Opinión

El caso de Mónica Feria

18 Jul. 2017

El caso de Mónica Feria

Por: Javier Valle Riestra

En enero del 2008, la Corte Suprema aprobó solicitar a Alemania país con el cual Perú no tiene Tratado la extradición de Mónica Feria, abogada peruana. Se declaró procedente al estar procesada por delitos contra la tranquilidad pública: terrorismo y apología en agravio del Estado. La detuvo INTERPOL en la RFA.

Pese a que paradójicamente el Poder Judicial peruano había declarado prescrito el delito de apología, se le reclamó imperitamente por ambos crímenes mediante Resolución Suprema N° 013-2008-JUS (Ministerio de Justicia) del veintitrés de enero del 2008, refrendada por el presidente Alan García.

Respuesta: en setiembre de ese pasado año el Tribunal Superior de Colombia rechazó por inadmisible la entrega de la extraditurus. Afirmo que atentaba contra principios fundamentales del derecho constitucional germano y que era violatoria de la cosa juzgada, del non bis in ídem, porque ya había sido juzgada y absuelta en el Perú por sentencia firme e irrevocable.

Era así una petición utópica, fruto del fanatismo irracional de fiscales, de jueces y del burocratismo del Poder Ejecutivo. Con los pocos elementos figurantes en autos, y sobre todo con el increíble curriculum vitae de Feria Tinta, era absolutamente inviable su transferencia a las autoridades peruanas.
Sin tratado, con prescripción, cosa juzgada y sin pruebas resultaba una torpeza mayúscula. Feria había sido detenida en Perú, anteriormente, el trece de abril de 1992, incautándosele manuscritos y documentos mecanográficos alusivos a Sendero Luminoso. Fue recluida en el penal Miguel Castro Castro y estaba en esa cárcel cuando presos por terrorismo iniciaron un motín que terminó con la muerte de 42 detenidos a manos de las fuerzas de seguridad entre los días seis y nueve de mayo de 1992.

Se realizaron traslados clandestinos a diferentes penales del país, sin permitir el contacto con familiares ni abogados, como lo reconoció la jurisdicción supranacional. Feria, en 1993, fue absuelta y al año siguiente salió del país, mientras afrontaba otro proceso judicial.

Denunció, como apoderada, letrada y víctima, al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por torturas contra más de un centenar de presas en el Cárcel Castro Castro durante el gobierno de Fujimori.

La Corte de San José determinó, en noviembre del 2006, que el Perú debía pagar seis millones de dólares a las víctimas. La misma Feria debía recibir por costas personales y procesales USA$ 75,000.00. En octubre del año 2007, seria galardonada con el premio “Justicia” de la fundación estadounidense Gruber, dotado de varias decenas de miles de dólares.