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Opinión

El Frontón: La Guerra Jurídica

04 Aug. 2017

El Frontón: La Guerra Jurídica

Por: Sergio Tapia

Von Clausewitz, teórico militar prusiano del siglo XIX sostuvo: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Porque, en política determinar la voluntad humana tiene su causa en la convicción personal y en el arte de convencer a otros. En contraste, la guerra es la imposición de la voluntad del vencedor sobre el vencido.

La guerra no sólo es dispararse mutuamente; ha adquirido diversidad de dimensiones, una de ellas es la “guerra jurídica”, que se perpetra empleando el “poder” de los jueces, re-sentenciando con penas altísimas a quienes se les señale como enemigos de los empoderados. La guerra jurídica es el desconocimiento de los derechos fundamentales, su instrumento es el “Derecho Penal del Enemigo”, la aplicación inmisericorde de castigos, no de penas resocializadoras.
En el Perú, todos los generales que han ejercido mando en Zonas Declaradas en Emergencia, a causa de la delincuencia terrorista que se inició en los ochenta; han sido atropellados judicialmente. Algunos generales fallecieron con procesos en trámite –como Clemente Noel -. Otros generales y sus subordinados sufren las mazmorras ignominiosas, son verdaderos presos políticos, condenados por “historias”, no por sólidas acusaciones debidamente probadas. Algunos otros generales, como Adrián Huamán, enfrentan aún absurdas y prolongadas investigaciones en nombre de “los derechos humanos” tergiversados.
Si la guerra es continuación de la política, el terrorismo es la conquista salvaje e inmisericorde de todo un pueblo, para tomar el poder.
El legítimo accionar militar contra el terrorismo, fue trastocado en su significado, mediante campañas difamatorias que fueron asumidas por fiscales para formular denuncias, que judicialmente dieron inicio a procesos, los que cruelmente afectan la vida personal y familiar de los militares sobrevivientes de los enfrentamientos con la delincuencia terrorista.

Se suma a esta Guerra Jurídica la mayoría del Tribunal Constitucional, cuatro de sus siete miembros. Quienes insólitamente gastan el dinero público para financiar comunicados con ataques políticos arteros contra el Congreso, para evitar la investigación sobre las gravísimas infracciones a la Constitución incurridas: Haber cambiado una sentencia que hacía 4 años gozaba de la calidad de cosa juzgada, reabrir un proceso de habeas corpus ya fenecido. Para estas arbitrariedades, el Congreso no los designó miembros del Tribunal Constitucional, es el Congreso quien debe investigarlos

Los cuatro del TC sostienen que por existir un Recurso de Reconsideración pendiente de resolver ante ellos mismos, el Congreso no los puede investigar. Este argumento es un agravio a la inteligencia. Ellos son quienes deben resolver ese recurso, dentro de las 48 horas de su presentación, que fue el 21 de abril. Este reconocimiento de retardo injustificado en cumplir con sus responsabilidades en el TC, que lo reconocen a las 12 semanas de tenerlo pendiente sin resolver, más que un impedimento para ser investigados. Es una conducta y una actitud que agrava su condición de denunciados.

Es insensata la pretensión de los 4 denunciados del TC, de intentar subordinar la investigación, legítimamente solicitada al Congreso, hasta que ellos cumplan con resolver un recurso pendiente hace 3 meses, cuando debieron resolverlo en 48 horas. Lo que piden es un absurdo, porque de concedérseles lo que piden, ellos nunca resolverán el recurso y así el Congreso nunca podrá investigarlos: ¡Qué ridículo argumento!

El artículo 89 del Reglamento del Congreso, no exige agotamiento de recursos previos; basta que la denuncia constitucional exponga hechos que constituyan infracción a la Constitución. En este Caso El Frontón, los hechos están acreditados en las dos resoluciones que se publicaron en el mes de marzo.

Blog (colección artículos publicados en La Razón): http://sergiotapiatapia.blogspot.com/