El parlamento patíbulo

Por: Javier Valle Riestra

Nuestro Congreso se ha vuelto como los de Francia pre-revolucionaria, un Parlamento judicial. Por eso de que los revolucionarios franceses de 1789 al transformar el tricameralismo feudal en unicameralismo democrático señalaron, que los jueces debían ser sólo “la bouche de la loi”, la boca de la ley. Y constituyeron, el 27 de noviembre de 1790, un tribunal de casación anexo al Poder Legislativo, para que se encargase de interpretar la ley, porque según Robespierre no existía la jurisprudencia.

Pues bien, el unicameralismo de la sediciente y sediciosa constitución imperante es un Congreso-patíbulo en virtud del Art. 100°, en cuyo texto se establece que: “los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. Ese numeral está en la constitución… pero es inconstitucional.

Si la Fiscalía de la Nación y el Vocal Instructor Supremo tuviesen lealtad a la democracia y al debido proceso no deberían aceptar los úkases del Parlamento porque son violación del debido proceso; en primer lugar, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público y no el Parlamento, que es un cuerpo empírico, escabino, faccioso, pasional, desconocedor de la tipicidad penal, de la responsabilidad, de la antijuricidad, de la culpa, del dolo, de la negligencia, de la prescripción ordinaria y extraordinaria, etc.

Un fiscal con sentido del Derecho y un Juez Instructor Supremo con entereza pueden negarse a seguir los intonsos dictados inquisitoriales del Congreso ¿qué hacen si los parlamentarios denuncian por un hecho atípico o prescrito? Respuesta: así como deben preferir la constitución a la ley, así deben escoger la supraconstitucionalidad a la constitución.

La supraconstitucionalidad está integrada por reglas escritas (los tratados de Derechos Humanos como el Pacto de San José) y reglas no escritas de carácter metapositivo consagratorias de la dignidad de la persona, del derecho al juez natural, de la lealtad al Estado de Derechos Humanos. Pero estos figurones prefieren la quincena a la historia. Los magistrados no han nacido en el Perú para las grandes causas.

Pero las cosas no quedan allí. So pretexto de asuntos de interés público forman Comisiones Investigadoras y de Acusación Constitucional ad libitum, usurpando atribuciones del Poder Judicial, desviando su poder, abusando de su autoridad, coaccionando a timoratos magistrados.

Esta no es teoría mía de hoy; cuando presidí la Comisión senatorial encargada de investigar el genocidio militarista perpetrado en Acomarca-Puccayacu (agosto de 1985), precisé que nuestra comisión era fiscalizadora, parlamentaria, política y que no pretendía reemplazar al Poder Judicial o al Ministerio Público.

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