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Opinión

El presidente no esta enjuiciado

11 Nov. 2017

El presidente no esta enjuiciado

Por: Francisco Chirinos Soto

El señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente Constitucional de la República, no está sometido a juicio alguno ni pesa sobre él incriminación de algún delito. Entonces, cuando una comisión parlamentaria que investiga determinados hechos lo convoca para interrogarlo, no puede entenderse, ni de lejos, que esa requisitoria equivale a un emplazamiento judicial derivado de una imputación. Se equivocan, por lo mismo, de medio a medio aquellos juristas –o remedos de tales- que por defender al Jefe del Estado invocan lo dispuesto por el artículo 117° de la Constitución Política del Estado, según el cual el Presidente “sólo puede ser enjuiciado, durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Entonces, pues, la comisión parlamentaria que lo ha llamado a comparecer, no lo ha hecho dentro de un proceso seguido contra el Presidente. Esto está perfectamente claro y al margen de todo asomo de duda. La convocatoria es simple y llanamente destinada a interrogarlo respecto de hechos que puede conocer. Así ocurre en los procesos judiciales con los testigos, que son personas ajenas a la controversia o a la imputación –ya se trate de asunto civil o penal- que, según el juez o las partes o los funcionarios que investigan –en este caso, los congresistas miembros de una comisión- tienen conocimiento de hechos vinculados con la materia objeto de la investigación.

Al ciudadano Kuczynski se le convoca como testigo o persona que cumple un rol equivalente. Y el ciudadano Kuczynski debe acudir al llamamiento para responder a las preguntas que le sean formuladas. Si la comisión, como una deferencia al ciudadano-Presidente, le ofrece asistir a las oficinas de éste para desarrollar la diligencia, es algo perfectamente posible. Es aplicable a esta situación, por analogía, lo dispuesto por el artículo 167° del Código de Procedimientos Penales, conforme al cual, tratándose del Presidente de la República y otros altos dignatarios, el juez puede constituirse en el Despacho del testigo y puede incluso remitirle un pliego interrogatorio para que lo conteste por escrito. Pero se trata de una atribución del magistrado. “El juez puede…” señala la norma procesal. Empero, si el juez considera necesario el interrogatorio verbal, lo hará de esa manera y el funcionario requerido, así sea el Jefe del Estado, no puede negarse ni resistirse. Así lo ha entendido, como no podía ser de otra forma, la Comisión de Constitución del Congreso de la República.

Penoso e innecesario enfrentamiento ha generado este asunto en el campo de nuestra política, cuando no tenía razón válida alguna para producirse. Si una comisión parlamentaria cita al Presidente de la República, no conspira en modo alguno contra su respetabilidad. Así lo entendieron años atrás otros presidentes, como Fernando Belaúnde y Alejandro Toledo, quienes no tuvieron el menor inconveniente y facilitaron la entrevista con los miembros de la comisión que los había llamado.

Ya he señalado que el actual Presidente se pondría en situación complicada, desde el punto de vista constitucional, al mantener su negativa, puesto que podría ser pasible de un proceso parlamentario por infracción constitucional, proceso que estaría fuera de los alcances del artículo 167° y que, por tanto, podría desarrollarse dentro del mandato presidencial. Y el Congreso está facultado para suspender o destituir al funcionario infractor de la Constitución.

Lo mejor es manejarse dentro del marco de la Constitución y cumplir con las obligaciones que ésta impone.