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Opinión

¿Estamos en riesgo de un golpe de estado?

25 Nov. 2017

¿Estamos en riesgo de un golpe de estado?

Por: Francisco Chirinos Soto.

Algunos dirigentes políticos, así como observadores del acontecer nacional y periodistas interesados en la materia están llegando a un preocupante extremo al sostener que una eventual destitución del Fiscal de la Nación por parte del Congreso de la República constituiría un verdadero golpe de estado. Tremenda exageración. La definición universal, palabras más o palabras menos, del golpe de estado señala que se trata de un suceso que altera el orden político establecido en un país y desplaza a sus autoridades –legítimas o no- con otras autoridades surgidas precisamente de dicha alteración. Tales nuevas autoridades serían legítimas, si las desplazadas hubieran sido ilegítimas, y serían ilegítimas si las que cayeron hubieran sido legítimas.

La teoría del golpe de estado es ciertamente compleja y es materia que se estudia desde hace siglos. Fue Aristóteles quien, sin empelar los términos o vocablos, definió al golpe de estado como el apoderamiento del gobierno con la expulsión de aquéllos que, legítimamente o no, son titulares del poder. El golpe de estado es una conmoción que sacude a la colectividad y reemplaza el orden político y constitucional, así como a las personas que lo ejercen. Golpe de estado es también la ocupación, mediante ejercicio de la fuerza o imposición de las armas, de un poder del estado respecto de los demás. Nuestro último golpe de estado ocurrió el 5 de abril de 1993, en que el titular de uno de los poderes avasalló a los otros dos, con el respaldo de la fuerza militar. Ojalá –así lo queremos todos los demócratas- ese golpe haya sido efectivamente el último de nuestra convulsionada historia.

Pero si uno de los poderes estatales –en este caso, el Legislativo- ejercita las atribuciones que la Constitución le otorga y cesa en sus funciones al Fiscal de la Nación, no podrá entenderse ese acontecimiento, ni remotamente, como un golpe de estado. Los artículos 99° y 100° de la Constitución vigente de 1993 contemplan, precisamente, los mecanismos a través de los cuales el Congreso puede enjuiciar a determinados funcionarios prominentes de la estructura política pública y destituirlos, suspenderlos, amonestarlos o…absolverlos. En el Reglamento del Congreso –norma con rango de ley- aparecen los procedimientos a los cuales se ajustan tales procesos. Aparecen también los artículos relativos a la declaración de vacancia de la Presidencia de la República por parte del Congreso.

Entonces, la destitución del Fiscal de la Nación o de otro alto funcionario son posibilidades contempladas en la Constitución y su ejercicio no podría permitir

en modo alguno la infamante calificación de golpe de estado. Tampoco lo sería la declaración de vacancia de la Presidencia de la Nación. Estoy entregado en estas líneas a un ejercicio puramente académico, puesto que me hallo a distancia sideral de considerar que existen condiciones objetivas para una declaración de vacancia de la Jefatura del Estado. Pero pueden surgir tales condiciones, como se presentaron precisamente hace poco más de tres lustros, cuando hubo una renuncia enviada telegráficamente. El Congreso, entonces, en ejercicio de sus potestades, rechazó el mensaje que contenía la renuncia y optó por ejercitar la atribución contenida en el inciso 2 del artículo 113° de la Constitución, declarando la vacancia por incapacidad moral. El inciso siguiente, el tercero, contempla la vacancia por aceptación de la renuncia. Pero el Legislativo, en legítimo acto de soberanía, dejó de lado el tercero y optó por el segundo de los incisos. Todo ello estuvo dentro del marco de la constitucionalidad.

No hay, pues, riesgo alguno de golpe de estado, aunque el Congreso lleve adelante una destitución. Lo que se pretende, por parte de quienes acusan a la mayoría parlamentaria de pretender algo así como una dictadura, es amedrentar a esta mayoría con el fantasma del golpe, para alentar, si fuera el caso, un contragolpe.