Interpelaciones y huaicos

Por: Francisco Chirinos Soto

Atinada y digna de encomio la determinación de la mayoría parlamentaria para suspender o aplazar la interpelación al Ministro de Transportes y Comunicaciones, señalada originalmente para el pasado jueves 16. El acuerdo respectivo se apoyó en la situación excepcional que vive el país con las inundaciones, huaycos y fenómenos semejantes en diversas regiones y la consiguiente necesidad de dedicar la totalidad de los esfuerzos y la atención nacional a los delicados problemas derivados de esos poco frecuentes fenómenos de nuestra climatología.

Sin embargo, parece un poco precipitado que al mismo tiempo se haya fijado una nueva fecha para una semana después, ya que nada permite asegurar, ni siquiera vaticinar, que estas tremendas descargas hídricas que está sufriendo nuestro país puedan cesar en un lapso tan breve. En definitiva, las interpelaciones pueden esperar, porque constituyen decisión humana. En cambio, los huaycos no esperan y seguirán hasta que cesen las condiciones ambientales que les han dado origen.

De otro lado, quiero hacer notar que una interpelación parlamentaria debe ser tratada con la rigurosidad formal establecida por la Constitución y la normatividad reglamentaria correspondiente. La interpelación no es un acto único, aunque su manifestación externa consista, precisamente, en un acto público único. La interpelación es un proceso, contemplado en el artículo 131° de la Constitución del Estado, según el cual se trata de una propuesta que se formula por escrito, respaldada con las firmas de no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. Como ese número es de 133, el quince por ciento asciende a veinte. Para ser admitida por el propio Congreso se precisa del voto favorable del tercio de miembros de la cámara, o sea 45. Todo esto figura en la Constitución. Además, el reglamento fija pautas precisas para fecha de emplazamiento al ministro o ministros interpelados.

La fecha fijada, el día 16 de marzo, no se llevó adelante. Esta fecha, en mi opinión, no puede ser aplazada ni postergada, como sí puede hacerlo un juez para postergar una audiencia o alguna otra diligencia en su despacho. El cuaderno formado para la interpelación del titular de Transportes y Comunicaciones ha devenido en obsoleto y deberá irse al archivo. Si los señores representantes que la propusieron pretenden insistir, deberán recorrer el camino procesal pertinente, o sea presentar su pedido con un número mínimo de firmas. Tal pedido deberá ser respaldado por el tercio de representantes hábiles y, a partir de ello, señalarse fecha para la asistencia del ministro interpelado al pleno del Congreso de la República.

Deben quedar en claro, además, otras nociones importantes con respecto a la interpelación. Una especialmente importante es que el voto de censura al ministro no tiene por qué ser consecuencia forzosa de la interpelación. Concluida la exposición y el debate respectivo, puede no producirse una petición de censura. Y en tales condiciones, el asunto terminó.

Quiere decir, pues, que el voto de censura no es un paso obligado tras la interpelación, máxime si como se ha explicado con cifras, la interpelación puede llevarla adelante una minoría, en tanto que el voto de censura o de pérdida de confianza reclama pronunciamiento mayoritario. La interpelación es, pues, un arma en poder de la minoría. Empero, en la actual composición del Congreso, en que la gran mayoría es al mismo tiempo oposición, pueden producirse censuras sin mayor dificultad, como el reciente ejemplo que tenemos con el Ministro de Educación.

En fin, puede haber interpelación sin censura y puede, además, haber censura sin interpelación. Una y otra no tienen por qué ir de la mano.

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