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Opinión

La pena de muerte

08 Nov. 2017

La pena de muerte

Por: Martín Belaunde Moreyra

No existe tema más controvertido en el Derecho Penal y en la doctrina jurídica quela pena de muerte. En los países occidentales la pena de muerte ha retrocedido mas no desaparecido. Existe todavía en 31 Estados de la unión norteamericana y en su justicia militar. En Europa fue abolida, salvo Belarus y Rusia. En América Latina también se encuentra en franca retirada, pero seis países aún la mantienen. En el Perú nunca dejó de existir y fue aplicada en un caso de violación seguida de muerte en la década de 1950 y también en un delito de traición a la patria en 1979.
Hoy día nuevamente se ha vuelto a discutir por una horrenda violación de un bebé menor de un año, con el agravante de que el violador fue su padre. Es natural que la sociedad condene semejante atrocidad y busque una solución tajante. La aplicación de la pena de muerte para los violadores podría serlo en un plano teórico, ¿pero lo es en realidad? La magnitud de la pena sería un factor disuasivo en la comisión de delitos, aunque existen corrientes en sentido contrario. Muchos delincuentes suelen medir sus acciones delictivas en función de sus consecuencias penales, particularmente los más avezados u organizados. Sin embargo, hay dos factores adicionales a considerar. El primero que la aplicación de la pena de muerte requiere la certeza total que el acusado cometió el delito merecedor de la máxima condena, que no siempre existe el segundo, que la ley debe tener una impecable vigencia y validez.

Este es el problema fundamental del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional N° 2069/2017-CR presentado por la congresista Schaefer, con el apoyo de un buen número de sus colegas. El proyecto se sustenta que, cuando el 11 de julio de 1978 el gobierno militar dictó el Decreto Ley 22231 para ratificar el Pacto de San José, la pena de muerte para los casos de violación de los menores de 7 años estaba vigente. Bajo esa premisa solo se estaría restableciendo la pena de muerte para un delito anterior a la ratificación por el Perú del Pacto de San José, sin violar el artículo 4.2 que prohíbe su ampliación a otros delitos. Argumento ingenioso pero equivocado.
El proyecto N° 2069 ignora que la Décima Sexta Disposición Transitoria de la Constitución de 1979 volvió a ratificar el Pacto de San José. La Constitución emanada de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, tiene una jerarquía superior a la de un decreto ley dictado por un gobierno de facto. El depósito del instrumento de ratificación en la OEA fue realizado en 1981 por el gobierno constitucional de Fernando Belaunde. El Perú es parte del Pacto de San José conforme a los términos de la Constitución de 1979, que solo contempló la pena de muerte para el delito de traición a la patria en guerra externa. La Constitución de 1993 mantiene el mismo supuesto con el agregado del terrorismo. No cabe restablecer la pena de muerte para una situación derogada hace treinta años a fin de lograr un falso acomodo. Creo que ahora debemos enfocarnos a debatir una eventual denuncia del Pacto de San José que es el nudo gordiano de la cuestión.