logo La Razón
El diario de todos los peruanos
Opinión

Las inútiles procuradurías del Estado

11 Mar. 2017

Las inútiles procuradurías del Estado
Francisco Chirinos Soto

Por: Francisco Chirinos Soto

No es ésta la primera vez –ni creo que será la última- que me ocupe en esta columna de las Procuradurías del Estado, conjunto de abogados sin vocación de trabajo que cumplen una aparente función de defensa de los intereses colectivos –específicamente del Estado- dentro del marco de la administración de justicia. Siempre he sido partidario de la supresión de tales organismos, pero siempre también he sido un predicador en el desierto. En la Asamblea Constituyente 1978-79, cuya Comisión de Justicia me correspondió presidir, por honrosa distinción del Presidente Víctor Raúl Haya de la Torre, no pude lograr siquiera el apoyo de amigos y compañeros que hacían mayoría en la indicada comisión. Fue así como nuestro proyecto incluyó a las procuradurías y se trasladó al texto mismo de la Constitución de 1979, firmada al borde de la muerte por el insigne fundador del Partido Aprista.

La Constitución posterior, la de 1993, reprodujo la normatividad pertinente y por eso subsisten en nuestro sistema, con inquietantes dimensiones y más inquietantes presupuestos. Además, buena parte de sus miembros exhiben una clara tendencia a extralimitar sus funciones, ya que constitucionalmente tienen por encargo virtualmente exclusivo la defensa de los asuntos en que están comprometidos intereses patrimoniales del Estado. Ahora pretenden verlo todo, denunciarlo todo y actuar con total independencia, sin considerar que son subordinados de los organismos públicos que los designan.

Hace unos días, una procuradora pretendió reforzar sus dichos con una afirmación nada usual y nada elegante. Dijo que ellas tienen los ovarios bien puestos, con la clara intención de copiar una frase generalizada respecto de los atributos de la virilidad. No se debe tratar, por cierto, de mostrar tales o cuales condiciones físicas para el ejercicio de las tareas de defender al Estado. Lo que es indispensable es mostrar condiciones intelectuales, jurídicas y morales que hagan posible el desarrollo de una actividad remunerada con los impuestos que pagamos los peruanos.

He tenido un largo pleito contra el Congreso de la República para obtener el reconocimiento cabal de mis derechos pensionarios. En fila, uno tras otro, has desfilado procuradores y procuradoras para oponerse a mis legítimos reclamos. Pero como no estudian ni trabajan, no ha sido muy fatigoso mi esfuerzo, aunque ha resultado prolongado, porque los procuradores no hacen otra cosa que poner dificultades y trabas. En más de una oportunidad cuando he solicitado el uso de la palabra para alegar ante los jueces, venía un escrito del procurador respectivo, pidiendo la palabra para él mismo y una larga lista de procuradores adjuntos a cargo de la defensa del Congreso. A la hora de la verdad mis informes orales resultaban solitarios, porque la tribuna de los adversarios estaba vacía.

He sido siempre de la opinión que el Ministerio Público, encargado de la defensa de la sociedad, asuma también la defensa judicial del Estado, designando personal para esa actividad específica. Dejo constancia una vez más de tal iniciativa, sin abrigar desde luego la más mínima esperanza de ser escuchado.
Los procuradores, entre otras cosas, deben entender que están al servicio del Estado y que no poseen ni deben poseer autonomía funcional. Allí mi buena y respetada amiga, la Ministra de Justicia, ha cometido un error del cual, según observo, se viene retractando. Ha sostenido la autonomía de los procuradores. Eso no puede ser. Ellos no son más que abogados al servicio de los poderes públicos y de los organismos estatales que los nombran y les pagan. Entonces, su actuación es subordinada. De ningún modo puede ser autárquica.