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Opinión

Los jueces cumplen la ley; no pueden cambiarla

26 Aug. 2017

Los jueces cumplen la ley;  no pueden cambiarla

Por: Francisco Chirinos Soto

Es regla fundamental en el principio de la separación de los poderes del Estado, que cada uno de esos tres poderes tiene atribucionesespeciales respecto de las leyes. Al Poder Legislativo le corresponde crear las leyes y, eventualmente, otorgarle esa facultad al Poder Ejecutivo. Este, a su turno, es el encargado de crear leyes, cuando el Congreso le ha otorgado tal facultad. Le toca además al Ejecutivo promulgar y hacer cumplir las leyes. Por su parte, al Poder Judicial le está confiada la atribución de aplicar las normas legales a los casos prácticos que fueran sometidos a su conocimiento.
El nuevo y vigente Código Procesal Penal trae, entre otras, una innovación interesante respecto del anterior Código de Procedimientos Penales de 1940. La misma se refiere a la delicada materia de la detención del inculpado antes de juicio. En el anterior sistema, podían darse casos –y de hecho se dieron muchos- en que uno o más inculpados permanecían en prisión, sin haber sido juzgados ni sentenciados, por lapsos de muchos meses y años. Y, en no pocos casos, resultaban inocentes por absolución o con sus procesos con sobreseimiento definitivo, las más veces por haberse cumplido el respectivo plazo de prescripción extintiva de la acción penal. Con el código vigente, en el título que regula la Prisión Preventiva, se establece límites a la duración de la prisión antes de juicio. El artículo 272° señala que la pérdida de libertad durará no más de nueve meses y que en casos complejos podrá extenderse hasta dieciocho meses. A renglón seguido, en el artículo 274°, se autoriza a duplicar esos plazos en procesos de singular complejidad. Quiere decir que, en el peor de los casos, un inculpado podría permanecer en la cárcel hasta treinta y seis meses sin haber sido juzgado, o sea tres años, vencidos los cuales el juez deberá ordenar su inmediata excarcelación.

Pese a la claridad y rotundidad de las normas que acabo de invocar una juez penal se ha dado maña para exceder la detención más allá de los treinta y seis meses. O sea, lisa y llanamente, se ha permitido quebrantar la ley y lo ha hecho bajo una argumentación que merece un comentario específico. Los ha culpado a los prisioneros de haber complicado injustificadamente el desarrollo de determinadas diligencias en la instrucción. Eso es verdaderamente increíble, ya que la concurrencia de los inculpados a tales diligencias, cuando están presos, no depende de la voluntad de ellos mismos, sino de los mecanismos judiciales o administrativos que se deban actuar para conducir a tales inculpados al juzgado, a la fiscalía o al sitio donde se disponga por la autoridad judicial o por el Ministerio Público. Entonces, el pretexto utilizado por esa juez penal no solamente es inexacto sino grotesco. Y se da el lujo, entonces, de violar la normatividad y esconder las verdaderas causas de la demora en el trámite de la instrucción, que son exclusivamente atribuibles al descuido o a la falta de diligencia del juzgado de instrucción o de la fiscalía provincial correspondiente.

“La ley no es lo que dicen los legisladores ni los gobernantes que la dan y la promulgan. La ley es lo que decimos los jueces que la aplicamos”, decía de modo prepotente un célebre Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, la que es considerada como el órgano judicial más poderoso del mundo. Exagerada pretensión, ya que los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar las leyes que han elaborado y promulgado otras personas, o sea los legisladores y los titulares del Poder Ejecutivo.

Empero, siguiendo la huella del juez norteamericano que colocaba a la judicatura por encima de todo, nuestra criolla juez dice virtualmente lo mismo. La prisión preventiva no puede tener el límite que le establece la ley, sino que puede durar lo que digo yo. Entonces, yo soy la ley o, cuando menos, estoy encima de la ley. Así no puede ser.