Manos a la obra sin parar

Por: Carlos Bruce

En un acto de entendimiento responsable entre todas las fuerzas políticas, el Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley del Ejecutivo –con ciertas modificaciones aceptables- que apunta a un proceso de reconstrucción de gran envergadura e impacto económico, que requería de un acuerdo con la oposición. Con 90 votos a favor se cuenta así con el respaldo mayoritario que hacía falta para actuar con premura.

Con el claro objetivo de lograr una reconstrucción con modernidad el gobierno ha planteado una iniciativa con un enfoque audaz y ejecutivo que incluye la gestión de riesgo de desastres en armonía con el medio ambiente, mediante intervenciones de gran impacto económico. Justamente, lo que urge ante lo mucho que hay por hacer.
La agenda pendiente es abrumadora por la cantidad de tareas que hay por hacer en rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de infraestructura de uso público de calidad, incluyendo salud, educación y programas de vivienda de interés social.

Para ello, se ha previsto un plan integral que deberá ejecutarse por una autoridad ejecutiva adscrita a la PCM que contará con el financiamiento apropiado y las herramientas necesarias para asegurar resultados efectivos y en el menor tiempo posible, además de transparencia.

La situación de emergencia en que se encuentran cientos de miles de personas y la enorme cantidad de infraestructura dañada no puede esperar la aplicación de procedimientos engorrosos e inoperantes para la urgencia de la agenda a trabajar.

Así es que, atendiendo las positivas observaciones de la oposición a la propuesta del Ejecutivo se ha alcanzadoel grado adecuado de transparencia y responsabilidad de los funcionarios que tendrán a cargo la ejecución del plan. Así también se ha dotado a la autoridad de las competencias y facilidades administrativas para garantizar la ejecución de las obras sin lugar a paralización alguna.

Cuando una situación de desastre supera la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales, corresponde la intervención del Estado con medidas excepcionales y temporales para garantizar resultados tangibles. Con trece departamentos declarados en emergencia, los peruanos no pueden esperar más para ver cristalizadas las obras y acciones del Estado que se requieren con urgencia.
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