Otra avalancha de errores

Por: Francisco Chirinos

La modificación que pretende introducir la Comisión de Constitución del Congreso de la República en el texto de uno de los decretos legislativos recientes expedidos por el Gobierno –en uso de las facultades que le concedió precisamente el Congreso- ha generado otra avalancha verbal tan turbulenta como los huaicos y avenidas que viene sufriendo nuestro atribulado país. Se han llegado a decir cosas tan absurdas y falsas como que se quiere dejar si protección legal alguna a gays, lesbianas y otros personajes con inclinaciones sexuales propias y diferentes. No es verdad. Es, por tanto, falso de toda falsedad que se haya instalado en sectores mayoritarios del Poder Legislativo una tendencia homofóbica que, de ser cierta, permitiría algo así como el linchamiento público de esos sectores evidentemente minoritarios que ejercitan prácticas sexuales cuando menos diferentes a las que usamos el mayor número de personas.

El problema surgido a partir de esa propuesta es de naturaleza rigurosamente jurídica, tal como lo tiene explicado, en términos perfectamente nítidos, el Presidente de la Comisión de Constitución. Lo cierto es que en el Decreto Legislativo 1323 –el dispositivo de marras- los autores habrían incurrido en alguna disposición inconstitucional y además en un exceso respecto de las facultades legislativas que el Congreso les concedió. Y si este mismo Congreso, a propuesta de su Comisión de Constitución, deroga o cambia todo aquello que es inconstitucional o expedido fuera del marco de la autorización pertinente, habrá actuado conforme a sus atribuciones constitucionales y no habrá inferido el menor agravio al homosexualismo o al lesbianismo.

Esta airada reacción de los sectores supuestamente afectados se vincula próximamente a las propuestas y proyectos que bajo el argumento de la igualdad de todos ante la ley, viene a convertirse en una clara presión sobre los órganos legislativos para lo que pretende instituir como una unión matrimonial entre personas del mismo sexo, con las reglas, obligaciones, ventajas –y también desventajas- de la milenaria unión histórica entre un varón y una mujer, en que consiste el matrimonio católico, por una parte, y el matrimonio civil establecido por nuestra normatividad, por la otra. El uno y el otro tienen la indestructible semejanza de consagrar o legalizar el vínculo entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra, conforme a los dictados de Dios o de la naturaleza, según las convicciones religiosas de cada quien. Pero de ahí a pretender que idéntica institución se traslade a una eventual unión entre varón y varón o entre mujer y mujer, hay distancia sideral y bíblica.
Nada impide, conforme a nuestras normas civiles en vigencia, que dos personas del mismo sexo constituyan una unión en que se ofrezcan recíprocamente la obligación de la fidelidad conyugal y de la comunidad de bienes, derechos hereditarios o legatarios u otras estipulaciones. Todo ello, por cierto, dentro del más escrupuloso respeto a derechos preexistentes. No creo que exista notario que se niegue a estampar su sello y su firma al pie de un documento de esa naturaleza. Pero si a eso se pretende darle el nombre y la naturaleza de un matrimonio, ni el notario civil ni el sacerdote, que oficia de notario eclesiástico, podrán reconocer la naturaleza y el carácter matrimonial a esa convención de voluntades.

La sociedad debe recuperar la serenidad en cuanto a estos delicados temas. Debe estar, antes que nada, persuadida que no hay en los legisladores el afán de desamparar a las personas de orientación sexual diversa y entregarlas al apedreamiento público. Tienen los mismos derechos a la vida, al respeto, a la integridad que todos los demás seres humanos, pero no tienen ni pueden tenerlos a practicar actos civiles que están reservados por Dios y la naturaleza a las personas de sexo diferente.

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