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Opinión

Otra vez los procuradores

22 Jul. 2017

Otra vez los procuradores

Por:Francisco Chirinos Soto

El tema de los procuradores públicos a cargo de la defensa judicial de los intereses del Estado ha vuelto a constituir asunto de atención colectiva, a partir de la destitución de una procuradora que, según sus mandantes, no había cumplido con su obligación de destituir a una procuradora inferior que había tomado una decisión por su propia cuenta, sin atender al pensamiento y la opinión de quienes, de una u otra manera, la había colocado en la ubicación burocrática que ostentaba.

Prefiero evitar la inclusión de nombres en procura de darle toda la objetividad y serenidad posible al relato y a los comentarios. Lo cierto es que se ha producido en los últimos años una creciente hipertrofia de las procuradurías públicas en los ministerios y en todas las dependencias oficiales. Hay por ahí algún ministerio que tiene un equipo de diez o doce procuradores que atienden la defensa de sus pleitos.

En algún escrito presentado por el principal procurador de un ministerio, dentro de un pleito en que me cupo intervenir como abogado de la parte contraria, se consignaron los nombres de ocho o diez procuradores que, indistintamente, podrían hacerse cargo de la defensa oral en una audiencia convocada a mi solicitud para la vista de la causa.

A la hora de la verdad, actué solo –absolutamente solo- frente a los jueces, mientras que los asientos en que pudieran haberse encontrado mis adversarios estaban vacíos. Así trabajan los fatigados y sudorosos abogados que tiene a su cargo la defensa de los intereses colectivos ante los tribunales de justicia.

Ahora resulta que hay una rama de la procuraduría estatal dedicada a la lucha anticorrupción, en la misma en que se han producido los hechos, enfrentamientos y destituciones a que me acabo de referir. Se comenta no tengo hasta ahora confirmación alguna que han sido el propio Presidente de la República y su Primer Ministro quienes han dispuesto la caída de la procuradora número uno. Todo esto vendría a confirmar que la ya conformada procuraduría anticorrupción es un organismo múltiple, con niveles y jerarquías y, por ciento, con gran número de abogados y abogadas, así como asistentes, consejeros, secretarias y cuanto pueda imaginar la siempre fecunda mentalidad de la burocracia en esta materia. Y, por cierto, sueldos, salarios, comisiones, viajes, viáticos y todo lo que signifique exprimira las agotadas ubres presupuestales.

Se está hablando ya de una modificación constitucional, para crear un organismo autónomo, semejante y rival del Ministerio Público. Hasta ahora, los textos constitucionales de 1979 y 1993 tienen breves referencias a la defensa de los asuntos judiciales del Estado, que correrían a cargo de procuradores. En la discusión de la Constitución suscrita en 1979 por un agónico Víctor Raúl Haya de la Torre, me opuse personalmente a la inclusión de los procuradores, pero fracasé.

Ahora mi fracaso viene cobrando dimensiones colosales, puesto que se pretende crear, como digo, una enorme entidad que sería la Procuraduría Pública del Estado, con un procurador a la cabeza, con rango y gollerías de ministro, varios procuradores adjuntos para cada área de la administración pública y centenares de empleados y empleadas cuya única puntualidad radicará en la cobranza oportuna de sus remuneraciones.

Hasta ahí, no más. Espero que en el Congreso no prospere tal iniciativa y que se busque, a la inversa, reducir el tamaño y los enormes costos de las procuradurías públicas. Los procuradores actuales no pueden cazar ni siquiera tortugas, porque se les escapan. Los bienes de los delincuentes desaparecen y fugan del territorio. Hasta ahí, no más, repito.