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Opinión

Partidos o financieras

17 Jul. 2017

Partidos o financieras

Por: Antero Flores-Araoz

Es perfectamente lícito, legítimo y conveniente, que nuestro sistema legal trate de impedir el financiamiento de los partidos políticos con dineros provenientes del delito, como puede ser el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero e incluso de corrupción, dando favores hoy para que se retribuyan mañana cuando los candidatos corrompidos logren ingresar en el aparato estatal.

La legislación electoral y partidaria, con absoluta razón, dispone que las agrupaciones políticas deben prever un sistema que garantice la adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico. La norma agrega que la supervisión y control de ello está a cargo de la ONPE para lo cual las agrupaciones políticas le presentarán un informe financiero anual.

Sin embargo parecería ser que la mencionada autoridad electoral, se excede en sus requerimientos de información financiera, confundiendo a los partidos con sociedades anónimas abiertas que captan dinero del público, o instituciones crediticias que requieren de una fiscalización institucional-tributaria sumamente prolija. Ni los partidos son empresas que cotizan en bolsa, como tampoco son instituciones financieras, simplemente son asociaciones de personas naturales que pretenden llegar a representar a los ciudadanos en los diversos niveles gubernamentales. Tampoco la ONPE es la Superintendencia del Mercado de Valores ni menos la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), por lo que no debería exagerar en sus pretensiones de información partidaria.

La ONPE ordena a los partidos remitir a personas naturales o jurídicas “…vinculadas a la actividad económica financiera del año 2016… “cartas indagatorias en el modelo proporcionado por tal autoridad, como si las agrupaciones políticas tuvieran actividades lucrativas, olvidando su esencia y naturaleza jurídica.

ONPE ordena remitir cartas de confirmación bancaria a las instituciones financieras con las que operen los partidos. Igualmente carta de confirmación de deudores, como también carta de confirmación de acreedores. Además carta de confirmación de asesores legales y abogados, y por último carta del representante legal. Todo ello en siete días. ¡De locura!
Con todo el respeto que se merece la autoridad electoral de fiscalización de fondos de las agrupaciones políticas, deberían sus funcionarios sacar cita en algún establecimiento de salud mental para que los examine, pues aparentemente no están en sus cabales.

No hay agrupación política que pueda tener el personal necesario para tanto intonso requerimiento burocrático, ni menos tener recursos para todo lo que se les pide por la ONPE.
Cuando hay excesos regulatorios, los sufridos administrados optan por no hacer caso. Las regulaciones deben tener lógica, ser de sencillo cumplimiento y con plazos adecuados.

Creemos que las exageradas regulaciones son para justificar posiciones administrativo-burocráticas, tener personal excesivo y torturar a las agrupaciones sometidas a su control. Por favor piensen. Los partidos no son bancos ni tampoco sociedades anónimas abiertas para exigir tantos innecesarios y costosos requisitos.