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Opinión

Refrendo y responsabilidad de nuestros ministros

07 Feb. 2017

Refrendo y responsabilidad  de nuestros ministros
Javier Valle Riestra

Por: Javier Valle Riestra

Los ministros no actúan impunemente. La firma que el Ministro o Secretario de Despacho pone en los documentos –Decretos, Reglamentos, Resoluciones- emanados del Jefe de Estado, sea Monarca o Presidente de la República, no solamente debe ser apreciada con un criterio notarial, viendo en ese acto una certificación de autenticidad de firma, sino que hay que observar ese hecho desde otra óptica: la de la responsabilidad. Y desde este punto de vista, entenderemos como la rúbrica del Ministro o Secretario de Estado puede tener cualquier de estos significados: a) limitar la actuación del Jefe de Estado mediante la participación material del Secretario o Ministro en los actos ejecutivos, sean éstos políticos, administrativos o de gobierno, o b) trasladar la responsabilidad por el acto refrendado, del Jefe de Gobierno al Ministro refrendatario. En Roma, los Questores aparecen suscribiendo los Rescriptos Imperiales. En la Edad Media, Cancilleres y Notarios hacen igual con los decretos de la Corona. En España, en el año 1135 se empieza a llamar como “canciller” al guardián del sello real. Las Siete Partidas llama al Canciller “medianero” entre el Rey y los hombres. “Todas las cosas que el rey ha de librar el Canciller las debe ver antes que las sellen por guardar que no sean dadas contra derecho”, en cuyo caso “debela romper, o que dicen en latín cancellar et desta palabra tomó nombre Chanciller” (Las Siete Partidas. Paris, 1851. P. 63). En el Act of settlement de 1701 señalase que los asuntos deben ser tratados en Consejo “e irán firmados todos los acuerdos y resoluciones que en él se adopten por todos los miembros que en ellos tomen parte”. La Constituyente francesa de 1789 enunció que “No podrá ejecutarse orden alguna del Rey, si no va firmada por su Majestad y refrendada por el Secretario de Estado”. La Ley de Ministros de 1791, en el título III, capítulo II, sección IV, artículo 4° decía: “ninguna orden del Rey, ninguna decisión del Consejo, podrá ser ejecutadas sino están refrendadas por el Ministro competente dad la naturaleza del asunto”. Y la ya comentada Constitución gaditana de 1812 repitió: “Todas las ordenes de Rey deberán ir firmadas por el Secretario del Despacho del ramo; ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito”. (Artículo 225°). El refrendo ministerial es la clave.