logo La Razón
El diario de todos los peruanos
Política

Kuntur quiere cobrar más de US$32.8 millones

15 Jul. 2017

Kuntur quiere cobrar más de US$32.8 millones

Alegan que el estado ha aplicado mal cláusula de caducidad del contrato

Cifra podría ser incluso mayor tras auditoría que viene realizando la compañía, señalan

La empresa Kuntur Wasi busca cobrar más de US$32.8 millones al Estado por la resolución del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, pese a que dicho acuerdo era lesivo para los intereses del país y estaba elaborado “a la medida” de los requerimientos de dicha compañía.

A pesar de pretender encapsular el tema en términos legales, lo cierto es que uno de los puntos de discordia en las negociaciones de mutuo disenso fue el monto que le correspondía a la empresa como reconocimiento de sus inversiones.

“La cláusula de resolución unilateral de contrato marca que el Estado debe pagar una penalidad de US$8.8 millones, que es equivalente a la fianza que actualmente tenemos puesta en el MEF, indicó José Balta, gerente general de la empresa.

Sin embargo, Kuntur Wasi también exigiría que se le pague US$24 millones por los estudios de ingeniería y planos del aeropuerto de Chinchero en el Cusco.

“De hecho ha habido poca discusión sobre cifras concretas. Estamos haciendo una auditoria para tener un número concreto que todavía no ha terminado”, alegó Alfredo Bullard, abogado de la empresa, quien recalcó que la “cláusula –de caducidad de contrato- está mal aplicada” por el Estado.

La propuesta del MTC fue aplicar la cláusula de caducidad por mutuo acuerdo. Incluso, se sugirió formar una comisión independiente (“de notables”, la describió una fuente cercana a las negociaciones) para que decidiera la forma idónea de resarcir a Kuntur Wasi.

Sin embargo, el consorcio siempre fue reacio a esta posibilidad y planteaba que se aplicara otra cláusula, la del incumplimiento contractual de alguna de las partes.

Con ello, el Estado y el concesionario deberían ir a una instancia de trato directo hasta por seis meses ante una comisión especial dentro del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci).