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Política

Mafia de terrenos con las horas contadas

16 Jul. 2017

Mafia de terrenos  con las horas  contadas

Informan que se ordenarán diversas diligencias para determinar responsabilidad de los denunciados

El Poder Judicial ya analiza la denuncia y los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en contra la denunciada organización criminal montada para apoderarse de terrenos y propiedades de personas naturales y empresas.

Fuentes del Poder Judicial indicaron que la magistrada Elizabeth Emma Aleman Chávez, Jueza Titular del Quinto Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho, dispondrá en los próximos días una serie de diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

También señalaron que la jueza Aleman Chávez se caracteriza por su rectitud y apego a las leyes, por lo que dudan que este grupo quede impune.

Indicaron que la denuncia incluye Edson Grover Quispe Rivera, Carmen Julia Victoria Chambi, Roxana Elena León Usurin; Eduardo Valverde Ochoa; Manuel Arana Mendizábal y Carolayne Estefany Quispe Aquino, de formar parte de este tinglado delictivo.

La denuncia fiscal incluye diferentes casos en el que las víctimas han reconocido a los personajes en cuestión.

Uno de los denunciantes es una empresa que fue víctima de su operación delictiva. Explicaron que los representantes recién se enteraron de la intención de apoderarse de un terreno ubicado en el Sol de la Molina, a partir de la recepción de una notificación del Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Lurigancho, en el que les informan de un proceso civil que exige la ejecución de un acta de conciliación supuestamente suscrita entre los denunciados y el gerente general de la empresa, solicitando el otorgamiento de escritura pública del terreno a favor de los denunciados.

Esta red delictiva había afirmado ante el juzgado civil que el representante legal de la empresa había suscrito un contrato de compraventa con los denunciados y que posteriormente, el mismo participó en una supuesta sesión de conciliación en el “Centro de Conciliación Voluntad”, ubicado en la Av. Carlos Izaguirre 170, oficina 201 y 202, Los Olivos.

Sin embargo, el representante nunca fue convocado, se utilizó un DNI falso, una persona suplantó su identidad y fraguaron los documentos para hacerse del inmueble.

Armados con estos documentos falsificados (la compraventa y el acta de conciliación) iniciaron el proceso civil con un aparente revestimiento de legalidad para apropiarse del terreno.