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Política

Piden 30 años de cárcel para marinos por develar motín de El Frontón

11 Sep. 2017

Piden 30 años de cárcel  para marinos por develar  motín de El Frontón

Poder Judicial declara complejo proceso

Fiscalía también pide reparación civil de S/ 5 millones 320,000 como reparación civil a favor de los deudos de las supuestas víctimas

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró “complejo” el proceso contra 35 marinos en retiro acusados de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con ferocidad y explosión, por el abatimiento de 133 terroristas amotinados en el penal El Frontón en 1986.

Así lo determinó el referido tribunal en el inicio del juicio oral por este caso, al considerar el alto número de acusados y de víctimas, así como la pluralidad de testigos que serán convocados, y la actividad probatoria a desarrollarse.
El Ministerio Público ha solicitado entre 25 y 30 años de pena privativa de cárcel, así como el pago de cinco millones 320,000 soles como reparación civil a favor de los deudos de las supuestas víctimas.

El magistrado Edhin Campos, presidente del referido colegiado, estableció como reglas de este juicio oral el irrestricto derecho de defensa, la tutela jurisdiccional efectiva y la garantía constitucional del debido proceso.

De esa manera, como primera disposición tras escuchar a las partes concurrentes, el tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de sobreseimiento (archivamiento) de los cargos en este proceso contra el testigo clave Carlos Eduardo Castillo Vega.
La próxima audiencia, en la que continuarán debatiéndose otros 33 pedidos presentados por los actores procesales, se realizará el viernes 15 de setiembre al mediodía en la sede judicial de la Sala Penal Nacional.

El tribunal lo integran, además, los jueces Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez.

Como se sabe, este proceso se reabre una vez más después que el TC emitió una resolución en la que cambia el sentido de una sentencia del 2013, en el que incluso reinterpreta “un voto singular en contra” para determinar que el caso sí fue un delito de lesa humanidad y, que por lo tanto, no prescribe.

El abogado de los marinos, Sergio Tapia, había interpuesto el recurso alegando que los magistrados del TC “no les asiste ninguna atribución para alterar, modificar o corregir los votos y textos de una sentencia”. Esto debido a que los jueces anularon un hábeas corpus que previamente había sido aprobado por sus antecesores.