16 de noviembre de 2026

|

Lima: Cargando...

15 años de cárcel para quienes entregan armas a delincuentes

Gobierno anuncia severas penas para frenar el crimen

 

La Presidencia del Consejo de Ministros recordó que las personas que faciliten armas para cometer delitos pueden recibir hasta 15 años de cárcel, de acuerdo al Decreto Legislativo 1744 que modifica el Código Penal con el fin de optimizar la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada.

También precisó que se sancionará a quienes reporten falsamente el robo o la pérdida de un arma ante la autoridad, así como a quienes borren o alteren sus números de serie para facilitar su ingreso al mercado ilegal.

Según la norma, el primer delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, mientras que el segundo delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 14 años.

«El Gobierno trabaja para recuperar el orden, enfrentar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los peruanos. No daremos un paso atrás», señaló en sus redes sociales.

Como parte de la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos (DL N.° 1744 y DL N.° 1743), orientados a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones, así como para respaldar a los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia.

El Código Procesal Penal incorporará una obligación nueva para los fiscales: ahora serán ellos quienes deberán investigar si la legítima defensa existe o no en un caso determinado. Los imputados ya no deberán probar que la ejercieron.

En el caso del Decreto Legislativo 1744, este amplía las conductas sancionadas en el Código Penal y modifica normas sobre delitos informáticos, investigaciones penales y geolocalización de dispositivos de comunicación. Su finalidad es para reforzar la respuesta estatal ante el crimen violento, tecnológico y organizado.

La reforma incluye a quienes “proporcionen, cedan o presten” cuentas bancarias, billeteras digitales, cuentas de dinero electrónico u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero exigido en una extorsión, siempre que conozcan o deban presumir el propósito delictivo.

 

Scroll al inicio