Su polémico decreto, que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, enfrenta múltiples demandas y ya fue bloqueado temporalmente por un juez federal.
Un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump que eliminaba la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros.
La medida, parte de su agenda migratoria, desató una ola de demandas lideradas por 22 estados, que argumentan que la orden contradice la Enmienda 14 de la Constitución.
Fiscales de Nueva Jersey, California y Nueva York, entre otros, enfatizaron que la orden ejecutiva es un ataque directo contra los derechos fundamentales de miles de familias.
Según los demandantes, esta acción no solo es inconstitucional, sino que causaría un daño irreparable a niños nacidos en suelo estadounidense.
El decreto de Trump, anunciado para entrar en vigor el 19 de febrero de 2025, restringe la ciudadanía automática a hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
Los niños nacidos de padres indocumentados o con estancias temporales legales quedarían excluidos, perdiendo acceso a documentos como pasaportes y números de Seguro Social.
“Donald Trump no tiene el poder de reescribir la Constitución. Este decreto es una violación flagrante de los principios básicos establecidos por la Enmienda 14”, expresó el fiscal general de California, Rob Bonta.
Mientras tanto, el presidente defendió su medida, asegurando que tiene bases legales sólidas. Sin embargo, expertos legales y oponentes han señalado que la propuesta enfrenta serios desafíos constitucionales.
Además, Trump afirmó erróneamente que Estados Unidos es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento, ignorando que países como Canadá y México también reconocen este derecho.
La demanda busca garantizar que los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos se mantengan intactos.
Por ahora, el decreto está suspendido, mientras el caso avanza hacia un enfrentamiento en la Corte Suprema, con implicaciones que podrían transformar el sistema migratorio y los derechos civiles en el país.
