Víctor García Toma sostiene que para evitar que procesados penalmente postulen al Congreso habría que modificar el reglamento del Congreso.
El abogado constitucionalista Víctor García Toma señaló respecto a la Ley que anula la inmunidad parlamentaria, aprobada por el Congreso que ésta acabaría con la impunidad y excesos cometidos anteriormente y que de hecho, desterrará la vieja práctica de blindar las inconductas que se grafica en el dicho “otorongo no come otorongo”.
García Toma explicó que el Legislativo bien pudo recurrir a una modificatoria ante la necesidad de impedir que indeseables procesados penalmente postulen al Parlamento, estableciendo un plazo razonable para que se dé una respuesta al pedido de desafuero parlamentario, ante alguna causal de inconducta que afecte la hermenéutica parlamentaria.
“La inmunidad es una garantía que tiene el Parlamento y no los parlamentarios, a efecto de que quienes lo integran, pueden ejercer a cabalidad sus actos de legislación, representación, y fiscalización. Pero al haberse mutilado la inmunidad parlamentaria se pone en peligro el ejercicio cabal de esas competencias”, consideró el experto.
García Toma comentó que sin inmunidad un congresista que ejerce la fiscalización en algún caso minero o medio ambiental, -por citar un ejemplo-, obviamente colisionaría con intereses de grupos económicos, políticos y sociales, los que pueden usar la vía judicial para neutralizar la actividad legislativa, que sucede en un país donde ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial ofrecen garantías.
“Cuando hablamos de delitos de función ya los legisladores de la República tienen la prerrogativa del antejuicio. Entonces, valdría sugerir que la inmunidad estaba en realidad para protegerlos de delitos comunes por lo que podría ser objeto de verificación por parte del Congreso, pero ya la inmunidad ha desaparecido”, remarcó.
