Fiscalización aprobó informe que le prohíbe ejercer función pública
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó ayer el informe final por el caso “Richard Swing” en el que recomiendan inhabilitar por diez años de ejercer cargos públicos al expresidente Martín Vizcarra, además de que se le acuse constitucionalmente.
Con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la comisión liderada por el parlamentario Edgar Alarcón (Unión por el Perú) sustentó el informe que contiene la investigación contra el exjefe de Estado por el caso Richard Swing.
Entre los que votaron a favor se encuentran: Edgar Alarcón y Héctor Maquera de UPP; Nelly Huamaní y María Cristina Retamozo del Frepap; Ricardo Burga y Wilmer Bajonero de Acción Popular; Felícita Tocto y Mariano Yupanqui de Descentralización Democrática; Fernando Meléndez de APP y Robinson Gupioc de Podemos Perú.
Asimismo, se abstuvieron: José Luis Ancalle (Frente Amplio); Alonso Fernández (Fuerza Popular) y Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) mientras que Carolina Lizárraga del Partido Morado fue la única que votó en contra.
LOS DELITOS
De igual manera, el grupo parlamentario decidió aprobar el informe que recomienda denunciar al exmandatario por los presuntos delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia, peculado, colusión, cohecho propio pasivo, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Durante la sesión, los integrantes de la comisión solicitaron que se indique quiénes, además del exmandatario, son los involucrados en estos presuntos actos de corrupción y los delitos que habrían cometido. Asimismo, que se precise en el informe las denuncias constitucionales. El congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo de trabajo, señaló que estas solicitudes serán incluidas en el documento.
El informe sostiene que las medidas recomendadas para Vizcarra Cornejo responden a que el exmandatario lideraría una organización criminal, además de que habría cometido varios delitos de función.
Es así que la Comisión de Fiscalización determinó “acusar constitucionalmente” a Martín Vizcarra “por infracción y la comisión de varios delitos de función (…) así como por liderar una organización criminal”
