Ricardo Cisneros Pinzón y Jorge Atoche Pacherres involucrados en millonario fraude judicial contra trabajadores de Agropucala
El ex administrador judicial de Agropucala, Jorge Atoche Pacherres, nuevamente está involucrado en un millonario fraude judicial, esta vez, contra miles de trabajadores activos y jubilados de la azucarera lambayecana.
Según la denuncia formulada por los trabajadores agraviados; Atoche Pacherres se habría coludido con Ricardo Cisneros Pinzón, la conciliadora extrajudicial Isela del Pilar Sarango Campos, y el juez del Primer Juzgado Laboral de Chiclayo, José Luis Alfaro Sotomayor. La intención de los implicados sería defraudar a más de 4,000 trabajadores y jubilados de Agropucalá.
El caso es que, Cisneros Pinzon, sin contar con ningún tipo de poder de representación de los miles de trabajadores afectados, habría concurrido al Centro de Conciliación «CONVIDA», dirigido por la conciliadora extrajudicial Isela del Pilar Sarango Campos, a celebrar un acta de conciliación fraudulenta, con la que darían inicio al millonario fraude judicial denunciado.
En dicha acta Cisneros renuncia a más de 8 años de intereses y deudas laborales correspondientes a los trabajadores defraudados, mientras que Atoche Pacherres en representación de Agropucala se compromete a pagar cerca de 99 millones de soles, en armadas de un millón de soles mensuales.
Sin embargo, Cisneros Pinzón no era el titular de dichas deudas, ni tenía ninguna autorización para disponer de ellas; por su parte, Atoche Pacherres tampoco contaba con facultades para obligar a la empresa afectada a realizar el millonario pago.
A pesar del considerable monto en cuestión y la cantidad de trabajadores afectados, la conciliadora extrajudicial Isela del Pilar Sarango Campos, avaló las acciones fraudulentas de Cisneros Pinzón y Atoche Pacherres; certificando el acta de conciliación sin las formalidades mínimas que exige la ley de la materia.
Esta no sería la primera vez en la que Sarango Campos está involucrada en actos delictivos similares a este millonario fraude judicial; pues según se consigna en la Resolución Ejecutiva Regional N° 478-2011-GR.LAMB.PR, anteriormente fue denunciada por hacerse pasar como abogada, y vender terrenos de propiedad del Estado, para lo cual habría falsificado, sellos, documentos y hasta un número de colegiatura profesional.
El millonario fraude judicial contra los trabajadores se habría consumado en noviembre del año pasado, cuanto Cisneros Pinzón demandó ante el Primer Juzgado Laboral de Chiclayo, la ejecución de la irregular acta de conciliación visada por la conciliadora extrajudicial Isela del Pilar Sarango Campos. El expediente es el N° 3443-2020.
Acto seguido, el juez José Luis Alfaro Sotomayor, admitió rápidamente la demanda, y sin hacer ningún reparo respecto a la cuantiosa suma en disputa, ordenó a la actual administración de Agropucalá, el pago de la estrafalaria suma de 99 millones de soles en el minúsculo plazo de 5 días.
Lo más grave del caso es que el juez Alfaro Sotomayor, al admitir a trámite la demanda, comprendió también a la empresa Industrial Pucalá SAC, ordenando que cumpla con pagar el millonario importe, a pesar de que esta empresa no intervino en la celebración del acta fraudulenta, ni tiene compromiso de pago alguno con Cisneros Pinzón.
Este proceso se ha venido tramitando a espaldas de los trabajadores perjudicados, hasta hace pocos días, que los representantes legales de Agropucalá tomaron conocimiento de su existencia e hicieron públicas todas estas irregularidades.
Ante el escandaloso hecho, los representantes de Agropucalá anunciaron la presentación de la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, por lo que consideran un millonario fraude judicial contra los trabajadores de la empresa.
Dieron a conocer además, que informarán de estos hechos al juzgado que nombró a Atoche Pacherres como administrador provisional de Agropucala para que evalúe el trasfondo de esta millonaria conciliación, y al INDECOPI por cuanto se estaría afectando a los acreedores laborales comprendidos en el procedimiento concursal de la empresa.
Por su parte, los representantes legales de Industrial Pucalá, dieron a conocer que presentarán una denuncia ante el Ministerio de Justicia contra el centro de conciliación CONVIDA, dirigido por Isela Sarango Campos, y ante la OCMA contra el juez José Luis Alfaro Sotomayor, por todas las irregularidades anotadas.
Jorge Atoche Pacherres ya enfrenta procesos anteriores por fraude y falsedad documental, en agravio de Agropucala, y nunca informó al juzgado que lo nombró sobre la existencia del acta de conciliación presuntamente fraudulenta.
