Gobierno en la mira. Critican decisión del Ejecutivo pues aseguran que solo el que tiene dinero podrá vacunarse primero
Norma genera polémica. Este último lunes el Gobierno dio autorización a través de un Decreto Supremo publicado en el diario oficial de El Peruano el reglamento de ley 31091, el cual permite que el sector privado, en el caso de laboratorios y droguerías, tengan la autorización para comercializar la tan ansiada vacuna contra el coronavirus.
“Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud, modifica el artículo 8 de la Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, estableciendo que se otorga registro sanitario condicional por un año a los medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III con resultados preliminares, en la prevención y tratamiento de enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente mortales que dan lugar a una emergencia declarada por riesgos o daños a la salud pública a nivel nacional declarada por el Poder Ejecutivo o por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y que el referido registro será renovable, siempre que cumpla con lo establecido en el reglamento respectivo”, se lee.
Ante este repentino anuncio, diversos personajes se han manifestado en contra de la medida ya que aseguran que se estaría dando preferencia a las personas que cuenten con los recursos para vacunarse primero frente a la verdadera necesidad de las personas consideradas como vulnerable.
Por su parte la candidata al Congreso, Sigrid Bazán no dudo en criticar la decisión del Ejecutivo aduciendo que «el mensaje es claro, ya que solo se vacunarían primero los que tienen más dinero».
«El mensaje es claro: si tienes plata te vacunas primero», comentó Bazán y recordó que una similar situación se dio con las camas UCI y los precios excesivos que cobraban las clínicas privadas. «Lo mismo pasó con las pruebas al inicio de la pandemia y con las camas UCI en el momento más crítico. ¿Aprendimos algo? NO. Otra vez nos ponen como clientes antes que como ciudadanos», agregó.
