El 2018 Superintendencia denunció a Odebrecht por evasión de impuestos. Representante del Ministerio Público evitó que empresa brasileña pagara 568 millones de soles de deuda tributaria.
El 5 de marzo del 2020, la procuraduría de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentó una demanda a fin de anular dos resoluciones firmadas por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, ambos integrantes del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.
Esto a raíz del archivamiento de las denuncias por defraudación tributaria presentada contra exejecutivos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, la cual es objeto de investigación por parte de la Fiscalía, según información vertida ayer.
Casi un año después, el fiscal Domingo Pérez fue notificado de la demanda por el 11° Juzgado Especializado en lo Constitucional con Subespecialidad en Temas Tributarios, Aduaneros e Indecopi de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Una de las últimas notificaciones que recibió el fiscal José Domingo Pérez, antes de que terminara el 2020, fue la de una demanda de amparo en su contra. Esta había sido presentada por la procuraduría de la Sunat contra él y contra el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato.
“Mi extrañeza es que llegó a mi domicilio. Igual he respondido”, señaló Pérez, quien investiga a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros políticos, por presunto lavado de activos.
Gerencia de Fiscalización de SUNAT emitió el Informe de Indicios de Delito Tributario 19-2018 a Odebrecht.
EL CASO
De acuerdo a la procuraduría de la Sunat, en marzo del 2018, la Gerencia de Fiscalización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacional emitió el Informe de Indicios de Delito Tributario 19-2018 a Odebrecht respecto del tributo y al impuesto a la renta del ejercicio 2011. En este encontraron indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos, que generaban impuestos no pagados.
Con base en ello, señalan, el 4 de octubre del 2018, la Sunat interpuso una denuncia penal contra Jorge Barata y otros exejecutivos de la constructora. Por entonces, Víctor Shiguiyama era el jefe de la Sunat, pero renunció el 28 de octubre tras ser incluido como testigo por el fiscal Pérez en la investigación contra Fujimori.
Meses después, entre febrero y junio del 2019, se firmó y homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Este acuerdo obligó a la empresa a pagar un total de más de S/568 millones de deuda tributaria.
LO ARCHIVADO
En ese entonces, la demanda penal de la Sunat por defraudación tributaria estaba en el despacho del fiscal Walter Villanueva, también del Equipo Especial. El 25 de setiembre del 2019, dos meses después, el fiscal Pérez ordenó el archivo de la denuncia que había presentado un año antes la Sunat porque consideró que se usó información del acuerdo con Odebrecht. Esta decisión fue ratificada por Vela. Sin embargo, según la fiscalía, ello no significó que sea definitivo.
“La fiscalía señala que no se puede afectar el derecho que tiene el sujeto a la protección de su no autoincriminación porque esa información ha sido entregada en un proceso de colaboración y la Sunat no puede utilizarla para presentar estas denuncias. No es una cosa decidida», explicó Pérez en su momento.
El fiscal Pérez Gómez remarcó que en la disposición de archivo dejó constancia de la facultad para que se reabra la investigación si la Sunat presentaba indicios de delito tributario. Sostuvo que el informe que acompañó la demanda del 2018 estaba basado en noticias periodísticas sobre el acuerdo de colaboración eficaz y que “groseramente” no se puede presentar una acción así.
SUNAT
SUNAT indica que pesquisa a Odebrecht procedió de documentos contables de la constructora.
A través de su procuraduría, la Sunat argumenta que la fiscalía ha vulnerado el debido proceso con el archivo de la demanda por defraudación tributaria del 2018.
Según sus argumentos, los indicios de defraudación tributaria se desprenden de la “documentación contable y legal obtenida voluntariamente” de Odebrecht en el procedimiento de fiscalización realizado en el 2017.
Esos medios de prueba, detallaron, son documentos contables y legales de acceso restringido como libros de ingresos de las empresas del grupo Odebrecht, actas del acuerdo de distribución de resultados de los consorcios y la sociedad anónima donde participaron las empresas Odebrecht y las declaraciones juradas del impuesto a la renta de la empresa.
“Sin embargo, ni la disposición fiscal ni la disposición superior los tuvieron en cuenta: omitieron cualquier pronunciamiento sobre ellos, volviendo a lesionar nuestro derecho a una motivación adecuada”, aseguran.
