La historia nos enseña que normalmente cada presupuesto anual elaborado por el ministerio de Economía repite la estructura del anterior. No es mala práctica. Pero los gastos ocasionados por la pandemia obligan al Estado a replantear globalmente el presupuesto general de la República. El presidente, el primer ministro, y los ministros de Economía y Salud deben ponerse firmes para que el presupuesto del portafolio de Salud tenga el financiamiento especial que requiere la lucha contra la pandemia.
El Estado se ha endeudado hasta por cien años en los últimos tiempos por lo que este hecho es un referente que debe cubrirse con esmero para no volver a calificaciones indebidas por los organismos internacionales en lo que respecta a la economía peruana.
La Superintendencia de Banca y Seguros exige a ExSalud (Instituto Peruano de Seguridad Social) que tenga un gran fondo de contingencia. En tiempos normales es absurdo, porque las contingencias de salud las cubre el Ministerio de Salud para todos los peruanos, con dinero del Tesoro Público, manejado por el Ministerio de Economía. En tiempo de pandemia, si existía, ese fondo ya se debe haber usado todo. Si todavía queda, hay que usarlo de inmediato.
Dejando atrás prejuicios marxistas que sobreviven en la burocracia, el diseño del presupuesto debe contar con las APP (Asociación Pública Privada) para maximizar el esfuerzo en la lucha contra la pobreza y contra el covid-19.
Malgrado el deseo de los parlamentarios de que el poder ejecutivo haga obras en sus respectivas circunscripciones, hay que reducir drásticamente todos los posibles gastos no indispensables, especialmente si implican dudosos intermediarios, como las municipalidades, donde la corrupción campea. Quedan vigentes iniciativas valiosas, que han superado a los gobiernos que las tuvieron, como la beca 18 y la pensión 65, que realmente alivia a hogares que requieren de esos subsidios.
La lucha contra la corrupción debe ser efectiva. La multiplicación de los organismos fiscalizadores en los tres poderes del estado no ha sido eficaz. Ha significado mayor gasto estatal. Se pisan los callos, mientras los pícaros hacen su agosto. La lentitud de los organismos fiscalizadores del Estado hace que los expedientes de los denunciados y presuntos delincuentes den mil vueltas a la manzana, para llegar al punto de partida sin haber cumplido su misión. Justicia demorada justicia denegada. Y la peliculina de los fiscalizadores merece la más enérgica repulsa pública.
Más que mantener un gabinete ministerial con muchos portafolios, lujo que sólo se pueden dar los países desarrollados, hay que reducir el gobierno central; y hacer que llegue la presencia del poder ejecutivo, de manera eficiente, a lugares poco atendidos, la selva amazónica o algunos lugares muy pobres de la sierra andina.
No parece que el gobierno del presidente Francisco Sagasti, a pesar del optimismo de sus seguidores, se haya dado cuenta del reto que representa el corto plazo. Waldo Epifanio Mendoza Bellido, ministro de Economía y Finanzas desde el 18 de noviembre de 2020, tiene el problema en su despacho.
(*) Periodista y analista político
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