Por Francisco Chirinos Soto.
Entre los numerosos casos de procedimientos irregulares y afectados de corrupción que ha convertido a este espacio de la historia del Perú en la época que seguramente es la más infestada de ataques al orden moral y ético de la República, ha de figurar, sin la menor duda, lo ocurrido con las tropelías que ha tenido por protagonista a quien fuera ex -Presidente Regional de Lima Provincias (2011-2014) y ex-Alcalde de Cañete (2007-2010), don Javier Alvarado González del Valle.
No resiste el análisis más elemental el observar cómo entre los años 2006 y 2010 en la administración del Fondo de Inversiones de Cañete (FINVER) se haya detectado la emisión de cheques bancarios fraudulentos, suscritos en su mayor parte por ex–apoderados que habían perdido toda capacidad para ordenar pagos y desembolsos. Los cheques sirvieron para el pago de actividades u obras del todo imaginarias o que no habían sido objeto del trámite y de la aprobación que por mandato constitucional requiere la aplicación de recursos públicos.
El asunto ha alcanzado dimensiones verdaderamente descomunales, como que en el lapso referido (2006-2010) fueron girados nada menos que 556 cheques por un monto total de 4’300.000 millones de soles, sin que exista en la documentación pertinente de la institución ninguna referencia a determinación oficial que otorgue sustento a tales egresos.
Lo que ha ocurrido, en buen romance, es que esos millones de soles han ido a parar sin más trámite a los bolsillos de uno o más funcionarios o empleados de la Municipalidad de Cañete y del Fondo de Inversiones de Cañete, principiando obviamente por los personajes con mayor rango y poder, pero sin excluir a decenas de subalternos que oficiaron de co-autores y beneficiarios de este agravio al erario nacional.
El ex-Presidente Regional de Lima Provincias y ex-alcalde de la Municipalidad de Cañete, Alvarado González del Valle, ha responsabilizado al Gerente General de la Municipalidad de Cañete, Manuel Márquez Vivanco, de la autoría de estos hechos. A su turno, este último, en vía de descargo señala que por razones jerárquicas Alvarado fue el autor y principal ejecutor de tan censurable latrocinio.
Sin embargo, además de las responsabilidades descritas y de las que corresponde a los miembros del equipo administrativo que ejecutó las felonías, quienes han sido condenados con enorme atraso, hay otras que necesariamente deben ser objeto de investigación y sanción. Me refiero a los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial que han tardado tantos años en investigar un tema que no podía, por su propia naturaleza, encerrar mayor dificultad en la pesquisa.
A propósito, el señor Presidente de la República, don Martín Vizcarra Cornejo, ha hecho de la lucha contra la corrupción su lábaro de guerra y ha invitado a todos los órganos del poder público a sumarse a esa tarea patriótica y profiláctica que devuelva al país la confianza en sus instituciones.
