Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
La ofensiva jurídica y mediática emprendida por los Humala logró hace un par de semanas un nuevo objetivo: tumbarse a los magistrados que confirmaron los 18 meses de prisión preventiva en su contra.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la recusación presentada por sus abogados contra Octavio César Sahuanay, Iván Alberto Quispe y María León Yarango, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
En agosto del 2017 ellos rechazaron el recurso de apelación presentado por la expareja presidencial contra la detención impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Este escenario solo es el paso previo para descabezar la sala presidida por este último magistrado, quien también ha sido recusado.
Uno de los argumentos que sustenta el plan de victimización de la dupla cómplice Humala – Heredia es la demora de la Fiscalía para presentar una acusación en su contra.
Así lo arguyeron sus abogados mientras se encontraban con prisión preventiva y, posteriormente, ellos mismos tras dejar su reclusión.
No obstante, la realidad es otra. El trabajo fiscal está avanzado y listo para sustentar dicha acusación, pero el plan humalista es torpedear el proceso, dilatándolo, mientras menoscaban la figura de las autoridades fiscales y judiciales que no han sido favorables a sus intereses.
El abogado de los investigados por lavado de activos, César Nakazaki, ha señalado que Concepción Carhuancho, recusado o no, “no va a ser el juez que juzgue” el caso que se le sigue a sus patrocinados.
“El juez que participa durante la investigación, no juzga, sino que son tres jueces de algún juzgado colegiado, que aún no conocemos”, detalló.
Esto es cierto. Sin embargo, con esta declaración busca dar la impresión de que no existe una intención detrás del eventual retiro de Concepción Carhuancho, cuando sí la hay.
El coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba, ha desnudado esta trama.
Ante la decisión fiscal de concluir la investigación y proceder a la acusación, los Humala – Heredia han planteado una tutela de derecho para evitarlo, arguyendo que se deben realizar más diligencias que corroboren la entrega de aportes de Odebrecht. Si este recurso es declarado fundado, el Ministerio Público debe realizar todas esas gestiones y trámites que el fiscal ya negó anteriormente.
El magistrado que verá la tutela de derecho es el juez de garantías, que es Richard Concepción.
“Como saben o presumen que Concepción Carhuancho no les dará la razón, lo quieren sacar. La tutela de derecho es necesaria para entender cuándo la Fiscalía puede concluir una investigación”, comentó Vela. Este es el verdadero objetivo y debe ser puesto en evidencia.
