De un tiempo a esta parte, sea desde algunas agrupaciones políticas, principalmente anti sistémicas, sea desde algunos sectores parlamentarios y abundantemente desde el Poder Ejecutivo, se pretenden hacer cambios a nuestra Constitución.
Como sabemos, los cambios pueden ser parciales, lo que en algunos países se denomina modificaciones constitucionales o enmiendas, pero también puede ser cambio total, lo que en el Perú se pretende por quienes principalmente les incordia el capítulo económico, que nos ha permitido marcar rumbo en busca de la prosperidad del país y la elevación del nivel de vida de la población.
Con frecuencia se olvida lo que es la Constitución y su vocación de permanencia. Como bien señala Rodrigo Borja en su “Enciclopedia de la Política”, la Constitución “es en conjunto de normas jurídicas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de un Estado y, que señalan los derechos y garantías de sus miembros”. Evidentemente no se puede estar cambiando según las variaciones del viento.
Los politólogos Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, mundialmente reconocidos, en su “Diccionario de Política”, nos dicen que las constituciones establecen “la forma de Estado o régimen, sobre la organización y las funciones de los poderes públicos, y sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos…” entre otras importantes normativas, lo que abona en la vocación de permanencia de la ley de leyes a la que antes nos hemos referido.
En los dos siglos de existencia republicana, el Perú ha tenido doce constituciones y, por lo menos ocho estatutos provisorios y normas con pretensión constitucional, todo ello documentado acertadamente en las ya varias ediciones de “Las Constituciones del Perú” a cargo del profesor Domingo García Belaunde.
Como promedio hemos tenido cada dieciséis años y medio una Constitución, y cada diez años una norma de pretensión constitucional, lo que francamente es una demasía, pese a lo cual hay quienes desean que la actual Constitución de 1993, pronta a tener tres décadas, sea sustituida por otra.
Quienes no van tan lejos, intentan seguir con los cambios parciales, con olvido que en esos casi treinta años transcurridos desde su entrada en vigencia, ya hemos tenido no menos de veinte modificaciones. Si bien, como obra humana es perfectible y, habría que volver al bicameralismo, así como a permitir la reelección de parlamentarios, entre otras autoridades, lo cierto es que no existe el ambiente adecuado en estos tiempos, para más cambios.
Las modificaciones constitucionales parciales, deben hacerse sin premuras ni urgencias, dentro de un ambiente de tranquilidad y concordia, pero de ningún modo cuando ya hay convocatoria a elecciones generales, en medio de una pandemia que nadie sabe cuando acabará ni las víctimas que cobrará, e inmersos en una crisis económica sin parangón, que está derivando a recesión y que podría terminar en depresión.
Nuestra Carta Magna permite cambios constitucionales parciales, en dos legislaturas ordinarias sucesivas y con votación calificada y, sin esta última, llamando a referéndum. Si bien el Congreso está habilitado legalmente para ello, estimo que siendo de tan corta duración y sin tener gente calificada -salvo honrosas excepciones- mejor sería que se inhiba de tal cometido.
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